Lamentablemente México es uno de los países más corruptos del mundo, según lo mide Transparencia Internacional en su Índice de la percepción de la corrupción (2020), pues lo ubica en el lugar 130 de 184. El fenómeno de la corrupción es global y cada país tiene sus modalidades y frecuencia en prácticas corruptas; también es multidisciplinario, por tanto, es razonable derivar que puede presentarse en el sector público y en el privado, entre abogados, ingenieros, medios de comunicación, médicos… y científicos. Tiene la cualidad de la ubicuidad.
La semana pasada, uno de los temas que ocuparon el espacio noticioso fue la negativa de un juez federal de obsequiar orden de aprehensión en contra de 31 científicos pertenecientes al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), acusados de peculado, uso ilícito de atribuciones, lavado de dinero y delincuencia organizada.
La cuestión está en que el Conacyt, órgano gubernamental, creó una asociación civil, es decir, una persona moral de derecho privado, denominada Foro Consultivo Científico y Tecnológico, lo cual es legal, acorde a la normativa entonces vigente (hoy, el Foro ya no existe en la norma, fue desaparecido).
Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya resolvió que el Conacyt si tenía la potestad de entregar dinero al Foro. La materia de la acusación es, según un reporte de la directora del Conacyt, leído por el Presidente de México en una de sus conferencias matutinas, porque el Fondo recibió 571 millones de pesos, de los cuales, solamente 100 millones de pesos se utilizaron en proyectos de ciencia y tecnología y 471 millones de pesos a gastos de operación, entre los que destacan una casa residencial, viajes, choferes y celulares, entre otros.
Por la naturaleza de los delitos imputados por la Fiscalía General de la República y las consecuencias perseguidas, tales como recluir a los científicos acusados en una cárcel de máxima seguridad y enfrentar el proceso penal dese ese domicilio, parece excesiva la acusación. Es importante clarificar y enfatizar que se trata de una investigación para determinar si hubo manejo indebido de recursos públicos y no por las aportaciones científicas de los implicados, o bien, por sus méritos académicos.
En el diferendo, ineludiblemente subyacen cuestiones sustantivas y metalegales; entre las primeras, la visión en que se concibe la ciencia y los beneficiarios de la misma (la mejora en la competitividad y la productividad del sector económico, o bien, la problemática, implicaciones y soluciones a la pobreza, la desigualdad y la discriminación, por ejemplo); en las segundas, el presunto plagio del Fiscal General de la República en un trabajo de investigación académica.
Así las cosas, es claro que la ciencia no admite el calificativo de neoliberal. La ciencia es lo que es, los beneficiarios de la misma es lo que puede variar.
En todo caso, que se investigue con objetividad y, en su caso, se sancionen las conductas indebidas, pero con las pruebas que sustenten tal resolución.
Una cosa es segura: la ciencia requiere dinero -y mucho- para poder avanzar, recursos que deben destinarse, en su gran mayoría, a proyectos de investigación.
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