Quién hubiera dicho que si votaban por aquel que mandaba a volar las instituciones, aquel que si tiene problemas en la inconstitucionalidad de sus proyectos, pues manda cambiar la constitución, ya saben, cuestión de democracia. Y es que después de la suspensión por parte de los jueces a la reforma energética, nuestro tlatoani, loco como una cabra, haría tal berrinche marca tu novia en contra del poder judicial.
¿Qué puede salir mal? si le das las llaves de la ciudad, a quién no ama la ciudad. En esta nueva entrega en las aventuras del necio de palacio nacional, nos da el pretexto perfecto para poder plantear la necesidad de México para tener, según la ONU, un derecho de todos los habitantes a habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes para una vida digna. Esto antes de que cierto presidente mande a volar la propia constitución.
La Ciudad de México aprovechando la manita de gato que se hizo con el cambio de nombre, aprovechó y de una vez propuso el derecho a la ciudad. México es un país de ciudades, antes había la gran Ciudad de México, ahora el 80 % de los habitantes de nuestro país vive en ciudades.
Existen algunos ejemplos de lo que el derecho a la ciudad puede permitir lograr. En nuestro país la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió una sentencia histórica ordenando al INEGI generar información estadística sobre la población en asentamientos informales o precarios en todo el territorio nacional. La sentencia tiene su origen en la demanda de amparo presentada por la organización TECHO México, el cual había advertido que esta ausencia de información impedía tanto el diseño de políticas públicas e intervenciones urbanísticas para garantizar una vivienda adecuada a ese sector de la población.
Otro ejemplo es la sentencia por la Corte Suprema de Dheli en India. Los hechos, un operativo policial que destruyó y desalojó un asentamiento de 5,000 personas que ocupaban terrenos cercanos a una estación del metro, propiedad del Ministerio de Vías Férreas, el cual aseguraba que el desalojo se realizó para evitar riesgos. La Corte Suprema sentenció que el derecho a la ciudad era primordial para el diseño de las políticas de rehabilitación de asentamientos, que la ciudad es un bien común, al cual deben tener acceso los habitantes de asentamientos en condiciones de no discriminación y ordenó la reubicación en el lugar donde originalmente se encontraban. Punto para los paracaidistas.
Martí Batres, no todo mal con los morenazos, hace un par de meses propuso modificar el artículo 4 de la Constitución Política de nuestro país, para incorporar el concepto del derecho a la ciudad. Muchos debates se ven en el horizonte, pero sin duda es un paso importante para lograr el territorio de todos.
