El pasado 10 de diciembre, conmemoramos el Día de los Derechos Humanos; la efeméride obedece al día en que, en 1948, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Los derechos humanos son facultades inherentes a las personas, por el simple hecho de pertenecer a la especie humana; sin embargo, es preciso señalar que los derechos humanos, para que se conviertan en garantías individuales, deben estar reconocidos por algún ordenamiento normativo positivo, es decir, por escrito, de manera tal, que el Estado determinará cuáles derechos humanos reconocerá, pues los derechos humanos en México, Costa Rica o Estados Unidos, distintos a los reconocidos en países teocráticos, por ejemplo.
En ese orden de ideas, persisten las dudas siguientes: ¿los derechos humanos existen por sí mismos o existen en la medida que son reconocidos? Si existen por sí mismos, ¿es válido señalar que existen, pero que no se pueden ejercer en algunas ocasiones? Y si esto es así, ¿es útil su existencia? ¿Los derechos humanos han existido desde que existe el ser humano o se trata de una creación de él, dependiente de su grado intelectual en materia jurídica?
Muchas son las dudas surgidas a partir de algunas certezas en torno a los derechos humanos: que en su esencia se encuentra la dignidad del individuo, que su reconocimiento deriva de cruentas luchas sociales, es decir, que no son dádivas gubernativas sino conquistas sociales, que evolucionan en la medida que avanza el pensamiento humano ius-filosófico, y que hoy nos encontramos con el reconocimiento de derechos civiles, políticos, sociales, culturales y ambientales; todos, con el ánimo de que los seres humanos logremos nuestro desarrollo integral.
Todos los ciudadanos, especialmente quienes se encuentran en el poder público, tenemos el deber de promover, respetar y proteger los derechos humanos, consignados en la Ley Fundamental y en los tratados internacionales; las autoridades, además, tienen la obligación de garantizarlos, observando los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en la inteligencia de que está prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas (artículo 1 constitucional).
El Congreso guanajuatense se encuentra en proceso de designación del titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos, toda vez que el pasado 23 de noviembre, terminó la gestión del Lic. Raúl Montero de Alba. Ocho candidatos fueron entrevistados por la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, colegio que deberá presentar una terna al Pleno.
Que la efeméride nos sirva, pues, para recordar que el cumplimiento y el pleno ejercicio de los derechos humanos se debe, en buena medida, a la exigencia creada por el individuo y por la sociedad civil. Hagamos efectivos nuestros derechos humanos y que el Congreso local tome la mejor decisión, nombrando al candidato idóneo, como lo he señalado innumerables ocasiones: con capacidad técnica, física y mentalmente saludable, con experiencia en la materia y con honestidad a toda prueba.
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