LAS FISCALIAS DEL país han recuperado 2 mil 884 cuerpos, 324 cráneos, 217 osamentas, 799 restos óseos y miles de fragmentos y restos de huesos que corresponden a un número indeterminado de personas
EN UNA DECADA se ha documentado el hallazgo de al menos mil 978 entierros clandestinos en 24 estados del país, esto significa alrededor de 2 por día en uno de cada 7 municipios, según la investigación “El país de las 2 mil fosas”.
ENTRE EL 2006 y el 2016 las fiscalías recuperaron 2 mil 884 cuerpos, 324 cráneos, 217 osamentas, 799 restos óseos y miles de fragmentos y restos de huesos que corresponden a un número indeterminado de personas, señala la investigación presentada hoy.
EL NUMERO SUPERA las cifras proporcionadas por el gobierno federal y del total de restos encontrados sólo mil 738 de las víctimas han sido identificadas, de acuerdo con la investigación iniciada desde hace un año y medio por periodistas independientes y respaldada por Quinto Elemento Lab.
LA CIFRA ES francamente alarmante al igual que su crecimiento, pues en 2006 sólo fueron halladas 2 fosas; en 2007 fueron 10 las encontradas; en 2010 ya eran 105 fosas en 14 entidades; y en 2011 fueron 375 en 20 estados de la República.
A PARTIR DEL 2012 los hallazgos de entierros clandestinos no han bajado de 245 por año. La investigación refiere que las inhumaciones ilegales se convirtieron en uno de los sellos de agua de los sexenios en los que se llevó a cabo la llamada “guerra contra las drogas”, aunque además de ocultar los cadáveres bajo tierra también se optó por quemarlos.
LOS DATOS FUERON obtenidos a través de solicitudes de acceso a la información pública y las respuestas revelan que los estados con más cuerpos contabilizados en fosas son Durango con 497; Chihuahua con 391; Tamaulipas con 336; Guerrero con 325; Veracruz con 222; Jalisco con 214; Sinaloa con 176; Michoacán con 132; Nuevo León con 119; Sonora con 96; y Zacatecas con 81.
VAN 260 MUJERES asesinados. La tipificación del feminicidio en el estado de Guanajuato se llevó a cabo el 03 de junio de 2011, con la incorporación del artículo 153-a al Código Penal de la entidad. Desde entonces, el tipo penal ha sufrido dos reformas, la primera en junio de 2013 y la segunda en mayo de 2014.
DE ACUERDO CON el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, dicha tipificación presenta problemas relacionados con el tipo penal que fue supeditado al delito de homicidio, supuestos normativos subjetivos para su acreditación, y mala técnica legislativa, además de que no está homologado con el federal.
GUANAJUATO NO CUENTA con procedimiento de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, pese a que en 2014 hubo una solicitud por parte del Centro de las Libres de Información en Salud Sexual Región Centro A.C. y del Centro para los Adolescentes de San Miguel de Allende A.C. frente al incremento de casos de feminicidio en la entidad entre abril y diciembre de 2013.
MALU MICHER, SENADORA: indica que para ella es un hecho notorio y público el incremento alarmante de la violencia en Guanajuato, signo del deterioro y descomposición social que las autoridades han sido incapaces de controlar. Desde el senado mexicano impulsará lo necesario para acabar con ese terrible flagelo social.
LOS DIPUTADOS LOCALES, que se fueron y ahora los que llegaron tienen temor por mejorar la legislación debido al interés manifiesto del Fiscal Carnal que quiere el gobernador actual, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo -y el que se fue- (Fuente: Newsweek en español, agosto 2018.)
LAS DIRECCIONES EN donde aún le falta a la señora presidente municipal, Elvira Paniagua Rodríguez, por designar titular son Desarrollo Social, Servicios Municipales, la Oficialía Mayor y Policía municipal, ya "analizan"(?) los perfiles, seguramente con el esmera y fuera de sospechas, como sucedió con el Contralo...
RESPECTO A LA designación de Rubén Guerrero como Contralor, ahora dice la señora presidente municipal que es, fue y será responsabilidad de la Comisión de la Contraloría, cuando al interior de esta, había descartado al hoy funcionario, y se quedaron sólo dos prospectos, que fueron vencidos en la sesión del Ayuntamiento ante la levantada de dedo de doña Elvira Paniagua...vinieron como robots, la alzada de dedo de la fracción panista, incluido el de Uriel Pineda.
DOÑA ELVIRA PRESENTARÁ, declaró, nuevos perfiles para las direcciones que aún están, A un mes como la presidente municipal indicó que la próxima semana presentara las nuevas propuestas.
ASEGURO QUE HASTA el momento se ha trabajado sin inconvenientes en todas las áreas, pero es necesario ya nombrar a los directores que se quedarán a cargo.
EN RELACIÒN A la elección del director de la Policía municipal requiere otro proceso, pero ya tiene tres candidatos para ocupar ese puesto, y que se está evaluando la continuidad de algunos directores de dependencias descentralizadas, tal es el caso del director del Consejo de Turismo, Raúl Jiménez, quien hasta el momento se tiene contemplado que siga al frente de esta área.
APRUEBAN LEY DE Ingresos... Mientras el escándalo del nuevo Contralor priista propuesto -nadie sabe por qué- por la señora presidente municipal, Elvira Paniagua, pocos atendimos el incremento que se tendrá en los pagos del Impuesto Predial y Agua.
EN ESA SESION de burla, la cuarta apenas que tiene el actual Ayuntamiento, levantando el dedito, se aprobó la Iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio 2019, que presentó el presidente de la Comisión de Hacienda en el Ayuntamiento, Jorge Armengol Durán.
AHORA ESA INICIATIVA aprobada con el dedito levantado por la mayoría del Ayuntamiento a indicación de la señora presidenta municipal, Elvira Paniagua Rodríguez, será enviada al Congreso del Estado para su revisión y aprobación, en su caso.
ES IMPORTANTE DESTACAR que mientras en Celaya se desagarraban las vestiduras y el corazón los regidores por buscar un "Contralor", apenas tomaron posesión, y va incremento de impuestos para sus electores, y en otros municipios sin tantos brincos ni aspavientos, no contemplan incrementar los impuestos... ¿quizá en Celaya deben recuperar los gastos de campaña, recuerde que fue de a “quinientòn” el voto?
PARA JUSTIFICAR LOS incrementos a los impuestos del agua potable y predial, dicen panistas y su nuevo aliado, Uriel Agustín Pineda Soto. lo que diga mi señora presidente-, son solo del 4% inflacionario "que es lo normal". El virtual presupuesto de ingresos es por $1,569,784,368.76 de pesos, que será enviada al Congreso del Estado para su revisión y aprobación, en su caso.
¿MÉXICO ESTA LISTO o no.…? para el consumo recreativo de la marihuana; en el otro, la propuesta del líder de los senadores morenistas causó nerviosismo en los mercados financieros y ha dejado entrever algunas diferencias en el partido del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.
LA PROXIMA SECRETARIA de Gobernación y actual senadora por Morena, Olga Sánchez Cordero, dio un paso adelante en la regulación de la marihuana no solo con fines medicinales, sino también recreativos, con una iniciativa de ley que contempla desde la creación de cooperativas hasta la de un instituto que emita los lineamientos para el uso de esta sustancia y sus derivados.
SE DEBE EXPEDIR una Ley General para la regulación y el control de cannabis para uso comercial, terapéutico, paliativo, científico y de investigación, así como para uso adulto y autoconsumo.
CREAR EL INSTITUTO Mexicano de Regulación y Control de Cannabis (IMRCC), un órgano desconcertado de la Secretaría de Salud que se encargue de regular, reglamentar, monitorear, sancionar y evaluar el sistema de regulación, así como de concentrar el padrón de productores.
AUTOCONSUMO: PERMITIRAN SEMABRAR permitiría sembrar, cultivar, cosechar, aprovechar, preparar y transformar hasta 20 plantas de cannabis para consumo personal en propiedad privada, siempre y cuando no se sobrepasara los 480 gramos por año y las personas hayan registrado sus plantas ante el instituto en el padrón anónimo.
QUIENES POR SU condición de salud requirieran sembrar, cultivar, aprovechar, preparar y transformar más de 20 plantas, tendrían que solicitar un permiso al instituto.
COOPERATIVAS DE PRODUCCION: Deberían obtener una licencia de autorización, tener un mínimo de dos y un máximo de 150 socios, un Código de Ética y acreditar haber tomado al menos un curso de generación de capacidades para el autoconsumo. Estaría prohibido proveer de cannabis a personas ajenas a la cooperativa o a otras cooperativas, producir más de 480 gramos de cannabis al año por socio, al igual que el consumo de bebidas alcohólicas o de cualquier otra sustancia psicoactiva dentro de sus instalaciones.
USO CIENTIFICO Y de investigación: Se debería contar con un protocolo de investigación autorizado por el instituto, cumplir con las disposiciones ordenadas en los reglamentos de este y con las que estableciera la legislación vigente que no contraviniera la ley. Los medicamentos derivados de cannabis solo podrían anunciarse o promocionarse en publicaciones de carácter científico o técnico, dirigidos al cuerpo médico o veterinario.
LINEAMIENTOS PARA EL USO medicinal de marihuana: Uso comercial: Estría permitido mientras se realizará en el marco de la ley y con la autorización previa de las autoridades. Los requisitos para obtener licencia con fines comerciales estarían determinados por su uso: farmacéutico, terapéutico, paliativo, herbolario, adulto o industrial.
ESTE USO ESTARIA sujeto a impuestos de compra y venta que estarían determinados por el instituto, con el objetivo de proteger la salud pública y evitar la informalidad. Los productos deberían tener la leyenda "Venta autorizada únicamente en México", y cuando fueran para exportación e importación, los paquetes y envases deberían cumplir con el etiquetado correspondiente al destino, según la ley que aplicara.
¿QUIENES PODRIAN TENER permiso? La iniciativa plantea 15 tipos de licencia, que van desde el cultivo para el uso personal hasta las que serían emitidas para la producción para fines industriales.
EN TODOS LOS casos, los solicitantes deberían ser mayores de edad y no contar con antecedentes penales relacionados con delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, o con delitos de alto impacto social. Las licencias se otorgarían hasta por 10 años. El IMRCC determinaría el número de licencias de venta que se otorgarían, las franquicias que podría tener un productor, así como los requisitos para los establecimientos para poder comerciar con estas sustancias.
¿Y SI NO cumplieran? Las sanciones administrativas se castigarían con amonestaciones públicas, multas, suspensiones temporales o definitivas de la licencia, trabajo en favor de la comunidad y arresto de hasta por 36 horas.
EN EL CASO de manejar cualquier vehículo bajo el efecto del THC, permitir el consumo de bebidas alcohólicas o psicoactivas en las cooperativas, y fumar cannabis en espacios prohibidos, los castigos serían multas de 100 UMA (8,060 pesos) y, en el primer caso, suspender la licencia de conducir.
PARA QUIENES COMERCIARAN, distribuyeran, regalaran, vendieran y suministraran a menores y/o los emplearan para estas actividades ilegales, realizaran publicidad para promover el uso de cannabis, comerciaran con productos comestibles derivados del cannabis, comercializaran productos que excedieran el porcentaje de niveles de THC, mezclados con otras sustancias y que estuvieran fuera del empaquetado determinado por el instituto, las sanciones irían desde 1,000 a 4,000 UMA, es decir, de los 80,600 a los 322,400 pesos.
ESTE INSTITUTO SERÍA el encargado de establecer los lineamientos para otorgar permisos o licencias, aplicar sanciones administrativas por infracciones a las normas reguladoras, implementar un registro anónimo de auto productores y establecer los lineamientos para la creación del padrón de cooperativas de cannabis.
ESTARIA CONFORMADO POR una dirección general, un consejo consultivo y uno de ciudadanos. El director del instituto sería nombrado y removido por el titular de la Secretaría de Salud. El consejo consultivo estaría formado por un representante de la Secretaría de Salud, que lo presidiría, uno de SAGARPA, de la SEP, de SEGOG, de SEMARNAT, de Hacienda y de SRE, que se encargarían de hacer una evaluación del programa de control y regulación cada cinco año para determinar el cumplimiento de los objetivos.
