DESDE NOVIEMBRE DE 2019 el Congreso de Guanajuato comenzó una nueva etapa en la discusión de tres iniciativas de ley: la de personas desaparecidas, la de víctimas y la de declaración especial de ausencia. Desde entonces las familias de personas desaparecidas han hecho aportes sustantivos a la discusión.
LAS MALAS PRÁCTICAS en el registro de casos ya suceden en Guanajuato, pues la Fiscalía consideraba a casi todas las personas desaparecidas como simplemente no localizadas. Durante la discusión de la ley, la misma Fiscalía señaló que sólo tenía 11 carpetas de personas desaparecidas, mientras que cálculos independientes, basados en datos oficiales, señalan más de 2 mil.
EL CONGRESO DEL Estado, aprobó por unanimidad la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, así como la Ley de Víctimas para el Estado de Guanajuato, con lo que se salda una deuda con las familias de personas que han desaparecido en la entidad.
EN LA NUEVA ley se eliminó el término de personas no localizadas, facilitará una búsqueda inmediata y se creará el Registro Estatal de Personas Desaparecidas, y conduce a la prevención, investigación y sanción de los delitos desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares.
CREA UNA FISCALÍA Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición cometida por particulares, y prevé sanciones administrativas a aquellos servidores públicos que no apliquen de manera correcta los protocolos de búsqueda establecidos.
MAGDALENA ROSALES CRUZ, legisladora de MORENA pidió que se incorporara el término de fosas clandestinas en virtud de que en el estado se han encontrado restos humanos en fosas, el no incluir una definición clara de las mismas solo generará el ocultamiento de la información, pero su propuesta no se aprobó.
JOSÉ HUERTA ABOYTES, PRI, reprochó que, aunque la ley es adecuada, lo ideal hubiera sido que se tomaran en cuenta todas las propuestas que hicieron los diversos grupos de la sociedad civil, por ejemplo, la correcta atención a la víctima en hospitales públicos, una posible insuficiencia en el Fondo de Atención a Víctimas, así como las posibles limitaciones económicas y presupuestales de los ayuntamientos que tendrán una responsabilidad importante en la aplicación de la ley.
SE CREA LA Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas la cual tendrá personal jurídico, autonomía técnica y patrimonio propio; contará con una Junta de Gobierno y un Consejo Consultivo, órgano de Consulta y Vinculación con las víctimas y la sociedad, el Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, cuyos recursos serán administrados por la Secretaría de Finanzas y ya no por la Fiscalía General del Estado; y las víctimas tendrán el derecho de contar con asesoría jurídica externa.
ESTABLECE EL REGISTRO Estatal de Víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos, con el que se busca garantizar que las víctimas tengan un acceso oportuno y efectivo a los apoyos, asistencia y sobre todo acceso a la justicia. ¿Será suficiente? xermanv@gmail.com
