¿QUIEN MANDÓ MATAR y por qué, al diputado Juan Antonio Acosta Cano? Es una pregunta que flota en el aire, entre el discurso fácil y sin compromiso de los legisladores durante la ceremonia luctuosa, pues exigen, pero no actúan, que, lo sabemos, la mayoría baila al son que les toque el gobernador Diego Sinuhe Rodriguez Vallejo,
CARMEN ORTIZ TERRAZAS, presidente municipal de Apaseo el Alto, en video -https://www.youtube.com/watch?v=FAwpJwaNwYw- le reclamó al gobernador y a Carlos Zamarripa, Fiscal de Guanajuato, días antes del asesinato del diputado, el esclarecimiento de funcionarios públicos de su Administración asesinados y desaparecidos y, presentación de pruebas de que su esposo estaba vinculado al crimen organizado, causa por la que, según las versiones mediáticas oficiales fue asesinado -cuando era candidato- y de lo que nunca se ha demostrado que así fuera.
EL GOBIERNO DE Guanajuato se indignó ante el mensaje valiente y elegante de la señora presidente municipal, y como es costumbre, la ignoró, no formularon información de funcionarios de ese municipio asesinados artera y cobardemente-como el diputado Acosta Cano- y de otros funcionarios desaparecidos y/o del crimen del esposo de la alcaldesa.
LA ESCALADA DEL crimen en Guanajuato subió de tono y de nivel, y demuestra que vivimos en un régimen -obvio, no sólo en Guanajuato, pero es ejemplo evidente-que nos mantienen a ciudadanos de primera, segunda, tercera categoría y el lumpen que un sistema así, genera con su andamiaje.
DIPUTADOS Y GOBERNADOR rasgándose vestiduras para dar con los criminales de Juan Antonio, pero guardando silencio ante los miles de guanajuatenses que han sido asesinados en el gobierno actual. Más de 8 mil en poco más de dos años... Guardaron silencio, mediatizan causas de los asesinatos para acallar voces, ahora que el destino los alcanza, en el discurso, palabras más, palabras menos, les preocupa y los ocupa. Bueno en voz del gobernador, hasta su antecesor, Miguel Márquez, se llevó sus raspones
EL SISTEMA INMERSO, hasta en los penales, en la corrupción -que obviamente algunos defienden, como gatos boca arriba-. En 2010 el gobierno de Felipe Calderón afirmó de manera eufórica y victoriosa que, con el sistema penitenciario que él inauguraba, el costo de mantener a cada reo pasaría de 690 a sólo 230 pesos diarios. Una década después, según reportes oficiales, cada recluso federal les cuesta a los mexicanos 3 mil 500 pesos diarios en promedio; es decir, 15 veces más de lo prometido.
LO ANTERIOR, PRODUCTO de un negocio multimillonario que el gobierno calderonista, guiado por el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna (hoy acusado de aceptar sobornos del cártel de Sinaloa), puso en manos de un puñado de empresarios, en el que destacan dos cuñados del ex presidente Carlos Salinas de Gortari.
EL NEGOCIO DE los penales privados, echado a andar en el sexenio de Calderón a un costo de casi 200 mil millones de pesos, y consolidado en el de Enrique Peña Nieto, se llevó a cabo, de acuerdo con estimaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con un sobrecosto injustificable de por lo menos 41 mil millones de pesos.
EN LOS ÚLTIMOS nueve años el gobierno ha pagado 75 mil 665 millones de pesos, 36 por ciento del monto pactado por los penales en Sonora, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, Durango, Chiapas y Morelos. Por lo que aún está pendiente el pago de 190 mil 658 millones de pesos, en 11 años que quedan de vigencia.
NO ES POSIBLE acceder a los convenios adjudicados de manera directa, "por razones de seguridad nacional", hasta 2032, las empresas beneficiadas que se encargarían de la construcción y administración, y también responsables, con su respectivo cobro, de los servicios de alimentación, servicio médico, mantenimiento, esparcimiento y lavandería, entre otros. Por dentro y por fuera, la corrupción fortalece a los grupos criminales.
LAS EMPRESAS DEL "nuevo sistema penitenciario, negocio corrompido políticamente" fueron: ARENDAL, GIA, HOMEX, ICA, PRODEMEX y TRADECO, a las que se sumó GRUPO IDEAl, tras la quiebra de Homex, con empresarios como Hipólito Gerard Rivero (cuñado del ex presidente Salinas de Gortari), Bernardo Quintana, Eustaquio de Nicolás, Adrián García Pons, entre otros y han sufrido modificaciones en razón del negocio que les representan los refugios penitenciarios.
