/ martes 25 de mayo de 2021

El Parlamento y los Derechos Humanos

El ser humano es la expresión viva más racional de este mundo que, aunado a su voluntad, característica que le es inherente, hace que entre esta especie surjan conflictos al pretender los mismos satisfactores. Por tal motivo, y en ejercicio del raciocinio referido, ha creado las instituciones públicas para resolverlos. Una de ellas es el Parlamento, institución eminentemente política, pues tiene por finalidad la búsqueda del bien común, luego, fija las directrices para alcanzarlo sin menoscabo de las libertades individuales (más aún, en el paradigma constitucional imperante en el lado occidental del globo, con énfasis en Derechos Humanos).

En el Congreso, pues, se expresa la pluralidad y la diversidad de ideas y se busca, también, el acuerdo para alcanzar el bien común aludido. Es en este espacio político, deliberativo, en donde se expresa y ejerce la soberanía, toda vez que se ponen límites a la intromisión estatal en el ámbito individual de los particulares, es decir, se reconocen los Derechos Humanos.

Para lograr el reconocimiento y, en consecuencia, el respeto de los derechos humanos, el órgano congresual tiene importantes funciones, destacadamente la de fiscalización y la presupuestaria, ésta entendida como la posibilidad de asignar recursos (principalmente, de la recaudación tributaria) a los entes públicos, a efecto de satisfacer necesidades sociales, aquélla, como la posibilidad de revisar, auditar, evaluar o verificar las cuentas públicas, el ejercicio y destino de los recursos públicos, la gestión financiera de los sujetos de fiscalización y la observancia de su normativa aplicable, así como el cumplimiento de las metas y objetivos de los planes y programas estatales y municipales, conforme a los principios de eficiencia, eficacia y economía (definición legal).

El artículo 1 constitucional, en su párrafo tercero, establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; las entidades de fiscalización superior son autoridad, por tanto, las entidades de fiscalización superior deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ante tal afirmación, surge nueva interrogante: ¿todos los derechos humanos?

En el hilo de ideas expresadas, la respuesta es no necesariamente, pues se excluyen los civiles y políticos, vinculados con la libertad y la autonomía, y se pone el énfasis en los económicos, sociales, culturales y ambientales, es decir, los vinculados con igualdad, en sintonía, además, con los objetivos para el desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, establecidos bajo la premisa de que nadie se quede atrás.

En ese orden de ideas, si el Congreso, luego de la revisión correspondiente, advierte que no se han respetado los derechos humanos, podrá reorientar, redirigir o suprimir el presupuesto de los sujetos fiscalizados, además de promover las sanciones correspondientes.

Con las acciones expuestas, el Parlamento abona en el restablecimiento de la dignidad, esencia del ser humano y paradigma, precisamente, de los derechos humanos.

germanrodriguez32@hotmail.com

El ser humano es la expresión viva más racional de este mundo que, aunado a su voluntad, característica que le es inherente, hace que entre esta especie surjan conflictos al pretender los mismos satisfactores. Por tal motivo, y en ejercicio del raciocinio referido, ha creado las instituciones públicas para resolverlos. Una de ellas es el Parlamento, institución eminentemente política, pues tiene por finalidad la búsqueda del bien común, luego, fija las directrices para alcanzarlo sin menoscabo de las libertades individuales (más aún, en el paradigma constitucional imperante en el lado occidental del globo, con énfasis en Derechos Humanos).

En el Congreso, pues, se expresa la pluralidad y la diversidad de ideas y se busca, también, el acuerdo para alcanzar el bien común aludido. Es en este espacio político, deliberativo, en donde se expresa y ejerce la soberanía, toda vez que se ponen límites a la intromisión estatal en el ámbito individual de los particulares, es decir, se reconocen los Derechos Humanos.

Para lograr el reconocimiento y, en consecuencia, el respeto de los derechos humanos, el órgano congresual tiene importantes funciones, destacadamente la de fiscalización y la presupuestaria, ésta entendida como la posibilidad de asignar recursos (principalmente, de la recaudación tributaria) a los entes públicos, a efecto de satisfacer necesidades sociales, aquélla, como la posibilidad de revisar, auditar, evaluar o verificar las cuentas públicas, el ejercicio y destino de los recursos públicos, la gestión financiera de los sujetos de fiscalización y la observancia de su normativa aplicable, así como el cumplimiento de las metas y objetivos de los planes y programas estatales y municipales, conforme a los principios de eficiencia, eficacia y economía (definición legal).

El artículo 1 constitucional, en su párrafo tercero, establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; las entidades de fiscalización superior son autoridad, por tanto, las entidades de fiscalización superior deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ante tal afirmación, surge nueva interrogante: ¿todos los derechos humanos?

En el hilo de ideas expresadas, la respuesta es no necesariamente, pues se excluyen los civiles y políticos, vinculados con la libertad y la autonomía, y se pone el énfasis en los económicos, sociales, culturales y ambientales, es decir, los vinculados con igualdad, en sintonía, además, con los objetivos para el desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, establecidos bajo la premisa de que nadie se quede atrás.

En ese orden de ideas, si el Congreso, luego de la revisión correspondiente, advierte que no se han respetado los derechos humanos, podrá reorientar, redirigir o suprimir el presupuesto de los sujetos fiscalizados, además de promover las sanciones correspondientes.

Con las acciones expuestas, el Parlamento abona en el restablecimiento de la dignidad, esencia del ser humano y paradigma, precisamente, de los derechos humanos.

germanrodriguez32@hotmail.com