La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo; un régimen político y un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Para su desarrollo y consolidación, se requiere de ciertas bases, destacadamente, contar con un sistema electoral sólido, tanto institucional como normativo. En las últimas décadas (tres, al menos) se ha trabajado en su construcción, a grado tal, que la autoridad del Estado Mexicano que ejerce la función electoral, ha sido reconocida hasta en el ámbito internacional, por lo que al Instituto Nacional Electoral (INE) se le han ido adicionando tareas y atribuciones que parecieran corresponder a otros entes públicos pues, se insiste, la gran mayoría de sus actos son insumos de confiabilidad y legalidad, advirtiendo otros que han sido sumamente cuestionados por su relevancia y trascendencia.
También habrá qué advertir que el INE es una institución cara y que algunos de los servidores públicos a él adscritos, se han negado a cumplir, ipso facto, el mandato constitucional que establece que ningún servidor público puede percibir más salario que el titular del Poder Ejecutivo federal, pues han promovido diversas acciones de control constitucional.
En ese contexto, se percibe un claro diferendo entre algunos miembros de la alta burocracia del INE y los representantes más visibles de la 4T. En abono al disenso, en sesión de Consejo General del INE, del seis de febrero pasado, con una mayoría de ocho votos a favor y tres en contra, fue ratificado en su cargo el Secretario Ejecutivo, servidor público estratégico de la institución, pues es el responsable de la operación administrativa, es su órgano ejecutor. El inconveniente del nombramiento es que: (i) el nombramiento del hoy ratificado, vencía el próximo 10 de abril, (ii) el próximo abril vence el encargo de cuatro Consejeros, por lo que serán designados por el Poder Legislativo de la Unión, con mayoría de la 4T, (iii) el hoy ratificado ocupa su cargo desde el cinco de junio de 2008 y fue nombrado hasta el 2026, por lo que si la judicatura no lo impide, duraría en su cargo 18 años, es decir, más que un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La tercera consideración referida es posible, debido a la reforma constitucional de 2014, por lo que pudiera advertirse que es legal su nombramiento; no obstante, parece un exceso, una afrenta al espíritu del Constituyente Permanente, atento a la interpretación exegética de la norma constitucional.
Consejeros Electorales han justificado la decisión mayoritaria del Consejo General, señalando que no deben poner en riesgo la operatividad del propio instituto, máxime cuando ya se vislumbra el inicio del proceso electoral federal 2020-2021, refiriendo que tienen indicios que los diputados afines a la 4T nombrarán a personas que simpaticen con tal causa; sin embargo, parecen dejar de lado que los próximos consejeros pasarán por un examen exhaustivo, que incluye el dictamen de un comité seleccionador, examen técnico, entrevistas, etc., y que se exige un mínimo en el perfil: honestidad, capacidad técnica, expertise e independencia (aunque esta sólo se verá a posteriori), cuando vote las resoluciones; hay voces que, además, sugieren que los seleccionados muestren un perfil diferente a algunos de los actuales consejeros y, en consecuencia, que sean menos académicos y más activistas, que tengan en su carta de vida experiencia en la causa democrática mediante la lucha y la protesta sociales.
Al tiempo. Por lo pronto, la decisión mayoritaria de los Consejeros derivó en el ejercicio de una atribución, cuestionada por el momento, toda vez que aumenta el grado de presión y encono.
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