El ser humano, por naturaleza, tiene necesidades, tanto en su esfera individual como colectiva. En la primera, como comer, desarrollarse, emplearse o ejercer sus libertades; en la segunda, como tener seguridad pública, gozar de un medioambiente saludable, o bien, que haya orden en la colectividad. Así, el ser humano buscará colmar sus necesidades. En lo colectivo y con el ánimo de alcanzar el orden social, que lleva de suyo la seguridad pública y la jurídica, creó el orden jurídico, un conjunto de reglas que, en un momento y un lugar determinados, son útiles y abonan para la consecución del objetivo.
Huelga decir que ese orden jurídico, en tanto consecuencia de un pacto colectivo, es dinámico, en la medida, proporción y dimensión en que lo es la sociedad y su gobierno. Es ahí en donde entra la variable democracia, una forma de gobierno que algunos filósofos y políticos (como Platón) la consideran imperfecta, pero que se encuentra vigente en México, a cuya luz se construye el sistema jurídico.
Una de las características que definen a la democracia es que no hay ganadores o perdedores comiciales perennes; en consecuencia, luego de un proceso electoral, los roles de los actores políticos podrán modificarse. Sin embargo, en tanto esto ocurre, los ganadores de una elección siguen siendo los titulares del Poder público que gozan de legitimidad para ejercerlo.
El orden jurídico, pues, en tanto satisfactor de una necesidad colectiva, puede modificarse. La manera de satisfacer la necesidad colectiva la define la ciudadanía (la mayoría de ella9 y el gobierno (emanado de ella). Así, si el orden jurídico pierde utilidad, debe modificarse. Refiero dos casos concretos: (i) la normativa en torno a los energéticos nacionales y (ii) la normativa que refiere las reglas de asignación de legisladores, a efecto de evitar la sobrerrepresentación, recientemente modificada por el Instituto Nacional Electoral.
Así, si la norma legal (en sentido amplio) en materia de energéticos, ocurrida en el pasado reciente, no ha sido útil a la mayoría de los mexicanos (cada lector tendrá su juicio y emitirá su respuesta), que sea reformada hoy; si la expresión popular manifestada en las urnas no se encuentra cabalmente reflejada en la integración del Poder Legislativo (cámaras de diputados y de senadores), que se modifique la normativa que la sustenta.
Mi punto es que las normas jurídicas, el orden jurídico y las reglas, en general, no son inmutables y, coloquialmente, no se encuentran grabadas en piedra o no son camisas de fuerza, por el contrario, son flexibles y deben fungir como satisfactores a la necesidad colectiva de contar con un orden social. Sin embargo, su actualización debe pasar por un proceso deliberativo muy amplio, importante y razonado; es la esencia de la democracia deliberativa. De ahí, la importancia de tomar como bases argumentativas a la academia, a la judicatura pero, sobre todo, al sentido común.
Las reglas pueden cambiar atendiendo a la política y a la razón, no a las elecciones y al presupuesto.
