/ martes 4 de agosto de 2020

Fin de la Omertá

El Pacto de Omertá era un acuerdo no escrito de la membresía de la mafia italiana, a la luz del cual se obligaban a la estricta secrecía, a permanecer absolutamente silentes ante adversarios o autoridades, si se caía en la desgracia de la captura, del cobijo del grupo delictivo. Usos y costumbres de las actuaciones delincuenciales.

En México, de larga data, se actualizaba una especie de omertá, entendida como silencio; era común que al término de un período gubernamental, generalmente un sexenio –me refiero al ámbito federal, sin descartar que pudiese ocurrir lo propio en los ámbitos estatales y aún municipales, en la inteligencia de que se trata del mismo supuesto: un grupo dominante que ejerce el Poder público- el grupo político entrante hacía una especie de persecución a algún representante o integrante visible del anterior grupo -un pez gordo, se decía en el argot- a efecto de legitimarse, de demostrar fuerza o de sembrar la semilla de la esperanza ante la ciudadanía, alentando tiempos venideros mejores-. El sujeto caído en desgracia aguantaba y de ninguna manera revelaba los secretos conocidos durante el ejercicio de su función pública.

Hoy, parece que el silencio va a romperse. Cabe precisar que señalé la omertá, a efecto de clarificar mi punto, sin que esto implique, insinúe o sugiera que se actuó, en México, como lo hacía la mafia siciliana.

La semana pasada se desahogaron sendas audiencias ante la autoridad judicial federal, pues al exdirector general de Petróleos Mexicanos, se le imputaba la comisión de varias conductas ilícitas; luego, hasta hoy, el sujeto sigue siendo inocente, pues no se le ha demostrado -ante la autoridad judicial- lo contrario, aunado al hecho de que así se declaró en una de sus audiencias, refiriendo que él solo era un instrumento para la comisión de conductas indebidas. Un caso, sin duda relevante, pues trasciende que puede involucrarse a servidores públicos de primer nivel -me refiero a secretarios de Estado, legisladores federales y hasta el mismo titular del Poder ejecutivo federal, entre otros, todos del sexenio inmediato pasado-.

La legislación, en materia penal y administrativa, no solamente permite, sino alientan el rompimiento del silencio, técnicamente denominado delación premiada o criterio de oportunidad, a efecto de acercarse a la consecución de un objetivo de mayor envergadura: desmantelar redes de corrupción, conociendo de primera mano su forma de operar e indicando, en consecuencia, las personas inmiscuidas en las mismas, las cuales, son de mayor rango jerárquico que el ostentado por el delator. Se trata de una buena práctica reconocida por la Academia, a niveles nacional e internacional.

Quien revela secretos, puede ubicarse en alguna de las siguientes categorías: imputado o testigo colaborador, éste definido como la persona que accede voluntariamente a prestar ayuda eficaz a la autoridad investigadora (la Fiscalía General de la República), rindiendo al efecto su testimonio o aportando otros medios de prueba conducentes para investigar, procesar o sentenciar a otros sujetos; (artículo 2, fracción X, de la Ley federal para la protección de personas que intervienen en el procedimiento penal).

Como se desprende de la definición legal, la declaración o testimonio del testigo colaborador, resulta suficiente para gozar del criterio de oportunidad, es decir, de beneficios reconocidos por la ley por colaborar con la autoridad en la investigación y eventual sanción y desmantelamiento de conductas indebidas.

Veremos qué ocurre; lo cierto es que hoy estamos ante un caso inédito en la historia reciente de nuestro país.

germanrodriguez32@hotmail.com

El Pacto de Omertá era un acuerdo no escrito de la membresía de la mafia italiana, a la luz del cual se obligaban a la estricta secrecía, a permanecer absolutamente silentes ante adversarios o autoridades, si se caía en la desgracia de la captura, del cobijo del grupo delictivo. Usos y costumbres de las actuaciones delincuenciales.

En México, de larga data, se actualizaba una especie de omertá, entendida como silencio; era común que al término de un período gubernamental, generalmente un sexenio –me refiero al ámbito federal, sin descartar que pudiese ocurrir lo propio en los ámbitos estatales y aún municipales, en la inteligencia de que se trata del mismo supuesto: un grupo dominante que ejerce el Poder público- el grupo político entrante hacía una especie de persecución a algún representante o integrante visible del anterior grupo -un pez gordo, se decía en el argot- a efecto de legitimarse, de demostrar fuerza o de sembrar la semilla de la esperanza ante la ciudadanía, alentando tiempos venideros mejores-. El sujeto caído en desgracia aguantaba y de ninguna manera revelaba los secretos conocidos durante el ejercicio de su función pública.

Hoy, parece que el silencio va a romperse. Cabe precisar que señalé la omertá, a efecto de clarificar mi punto, sin que esto implique, insinúe o sugiera que se actuó, en México, como lo hacía la mafia siciliana.

La semana pasada se desahogaron sendas audiencias ante la autoridad judicial federal, pues al exdirector general de Petróleos Mexicanos, se le imputaba la comisión de varias conductas ilícitas; luego, hasta hoy, el sujeto sigue siendo inocente, pues no se le ha demostrado -ante la autoridad judicial- lo contrario, aunado al hecho de que así se declaró en una de sus audiencias, refiriendo que él solo era un instrumento para la comisión de conductas indebidas. Un caso, sin duda relevante, pues trasciende que puede involucrarse a servidores públicos de primer nivel -me refiero a secretarios de Estado, legisladores federales y hasta el mismo titular del Poder ejecutivo federal, entre otros, todos del sexenio inmediato pasado-.

La legislación, en materia penal y administrativa, no solamente permite, sino alientan el rompimiento del silencio, técnicamente denominado delación premiada o criterio de oportunidad, a efecto de acercarse a la consecución de un objetivo de mayor envergadura: desmantelar redes de corrupción, conociendo de primera mano su forma de operar e indicando, en consecuencia, las personas inmiscuidas en las mismas, las cuales, son de mayor rango jerárquico que el ostentado por el delator. Se trata de una buena práctica reconocida por la Academia, a niveles nacional e internacional.

Quien revela secretos, puede ubicarse en alguna de las siguientes categorías: imputado o testigo colaborador, éste definido como la persona que accede voluntariamente a prestar ayuda eficaz a la autoridad investigadora (la Fiscalía General de la República), rindiendo al efecto su testimonio o aportando otros medios de prueba conducentes para investigar, procesar o sentenciar a otros sujetos; (artículo 2, fracción X, de la Ley federal para la protección de personas que intervienen en el procedimiento penal).

Como se desprende de la definición legal, la declaración o testimonio del testigo colaborador, resulta suficiente para gozar del criterio de oportunidad, es decir, de beneficios reconocidos por la ley por colaborar con la autoridad en la investigación y eventual sanción y desmantelamiento de conductas indebidas.

Veremos qué ocurre; lo cierto es que hoy estamos ante un caso inédito en la historia reciente de nuestro país.

germanrodriguez32@hotmail.com

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