El Senado de la República es la Cámara legislativa federal, integrante del Congreso de la Unión, cuyos miembros representan a los gobiernos de las entidades federativas; el Senado, entonces, representa la Unión de los estados mediante el Pacto federal. (De ahí la pertinencia de la iniciativa presentada por el Senador Martí Batres en el sentido de suprimir el acceso a la cámara senatorial por la vía plurinominal, reduciendo sus integrantes de 128 a 96; sin embargo, tal propuesta es materia de otra entrega).
Un Senador panista formuló una petición para con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76, fracción V, constitucional, desaparecieran los Poderes públicos (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) en Veracruz porque, a su juicio y grosso modo, la inseguridad pública iba en aumento y ponía en serios aprietos a la población de aquella entidad; además, está el ingrediente adicional de un presunto ataque a la autonomía de la Fiscalía de Justicia local, cuyo titular fue destituido por la Comisión Permanente del Congreso local.
La tercera Ley de Newton y, al parecer, primera en política, no se hizo esperar, pues hubo una reacción en el mismo sentido, ya que senadores del Grupo Parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional, con los mismos argumentos (salvo lo relativo al Fiscal) propusieron desaparecer los Poderes públicos en Guanajuato y en Tamaulipas. Desde luego, no es casualidad: Veracruz es gobernado por morena y Guanajuato y Tamaulipas, por el PAN.
En consecuencia, resulta inexacto afirmar que el Movimiento Regeneración Nacional quiere ganar en la mesa lo que no ganó en las urnas, pues el asunto en cuestión se trató de una respuesta política a una acción de la misma naturaleza.
El tono y la temperatura fueron subiendo hasta que hubo un par de declaraciones: la del Presidente de México recordando que no debe hacerse uso faccioso de las instituciones y que en la 4T no cabe la venganza política; y la del Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Senado de la República, llamando a la mesura y a la prudencia.
Ambos, conscientes de la mayoría parlamentaria con que cuenta la 4T, quienes resolverían la desaparición de poderes en cuestión.
El artículo 76, fracción V, constitucional establece como facultad exclusiva del Senado «Declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de una entidad federativa, que es llegado el caso de nombrarle un titular del poder ejecutivo provisional, (…)».
En el caso de Guanajuato, claramente no solo no han desaparecido los poderes, sino que sus titulares cuentan con legitimidad: tanto el Gobernador como los diputados locales, ostentan su cargo ampliamente respaldados por la voluntad popular depositada en las urnas en el proceso electoral de 2018; y ya lo recordó el Gobernador: debemos respetar al que gana.
El diagnóstico es correcto: los guanajuatenses (enfáticamente, los celayenses) vivimos en una situación de miedo, pues la delincuencia ha ido aumentando estrepitosamente, por lo que se requiere la actuación gubernamental debidamente coordinada, al servicio del pueblo y en contra de la delincuencia, quienes hace mucho tiempo rechazaron decir fuchi y guácala.
La política es pasión, pero también es prudencia, razón. Es momento de diálogo, de acuerdo, de unión, de entendimiento y de paz. Solo así saldremos avantes de la difícil situación que se vive nuestro estado.
Apunte: Ayer se publicaron en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Educación, la Ley Reglamentaria del Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Mejora Continua de la Educación y la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Con ello, se dio reversa a las leyes de la materia promovidas por el entonces Presidente Enrique Peña Nieto.
