Dice el artículo 17 constitucional que la justicia debe llegar pronto e impartirse de manera completa e imparcial, tarea encomendada a los tribunales (lato sensu), que funcionan de manera gratuita, es decir, de manera directa, el peticionario de justicia no debe erogar un solo peso por el trabajo ejercido por el tribunal, pues las actividades del órgano de impartición de justicia se realizan con cargo al erario, con dinero recaudado de las contribuciones de los mexicanos. También se dice que justicia a destiempo es injusticia; y, finalmente, la vox populi refiere que más vale tarde que nunca.
Las sentencias anteriores, a propósito de lo que los medios de comunicación dieron cuenta la semana pasada: la captura del exgobernador de Puebla, mejor conocido como el gober precioso, a quien se le acusa de haber cometido diversos delitos, entre ellos, el de tortura a la periodista de investigación Lydia Cacho, quien escribió en torno a la existencia de una red de trata y pornografía infantil en su libro Los demonios del Edén (2004), novela documentada que contiene diversos testimonios. La captura fue en el puerto de Acapulco, luego de catorce largos años de espera.
Este hecho noticioso me parece de suma importancia en un entorno en donde se tiene la percepción de que la impunidad guarda prevalencia sobre la justicia mediante el castigo al culpable de la comisión de conductas socialmente reprochables. Más aún, cuando la persona involucrada o presunta delincuente se trata de alguien poderoso, a quien parece que el Poder público no lo alcanza o, peor, cuando ésta lo detenta.
La captura aludida, nos recuerda que nadie somos intocables, que el principio de legalidad consignado en el apotegma Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie, se encuentra vigente y que el estado de derecho es la base para una sana convivencia social, próspera, pujante y en paz.
La captura, proceso y juicio de una persona poderosa, ciertamente, ayuda mucho en el combate a la corrupción, en tanto medida ejemplarizante; además, abona en el pensamiento colectivo de que un mundo mejor es posible y que es mejor cumplir las reglas y que nuestro comportamiento se sujete a ellas. Sin embargo, no es el único requisito ni la más eficaz de las medidas para su combate efectivo, pues para ello se requiere, además y principalmente, desarticular las inmensas redes existentes, cuyos intereses trascienden posturas políticas. Ahíse encuentra lo más complicado, pues hay participación no solamente de los más poderosos, sino de gente común y corriente, muchas veces necesitada por falta de oportunidades (viene a mi mente el fenómeno del huachicoleo).
La aprehensión del gober precioso remueve pensamientos, sentimientos e, invariablemente, nos remonta a aquellos días en que fue discutido y votado el asunto en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Valdría la pena revisar argumentos y sentido de los votos de los integrantes del tribunal. Fue una decisión dividida in extremis (seis votos en el sentido de que no hubo tortura en la detención de la periodista, en contra de cinco que pensaron que sí lo hubo).
Hago votos porque se cumpla la aspiración consignada en los Sentimientos de la Nación, gran instrumento jurídico político del Generalísimo José María Morelos y Pavón: Que todo aquel que se queje con justicia, tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo proteja contra el fuerte y el arbitrario; y que esa justicia llegue rápidamente, sin importar lo poderoso que pueda ser el presunto victimario.
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