Muchas personas estábamos expectantes, en grado mayúsculo, de la sesión de Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tendría verificativo el uno de octubre de 2020, día que se resolvería, previa discusión, por supuesto, en torno a la constitucionalidad de la pregunta propuesta por el Presidente de la República, a la luz de la Ley Federal de Consulta Popular, ordenamiento jurídico con sustento constitucional previsto en el artículo 35, fracción VIII, el cual prevé el derecho humano de la ciudadanía, para participar en los asuntos gubernamentales, de suyo públicos.
La esencia de la pregunta consiste en someter al escrutinio popular las decisiones tomadas por servidores públicos, señaladamente por titulares del Poder Ejecutivo, en las pasadas tres décadas. Ciertamente, se trata de una pregunta un tanto abstracta, pero la materia de la misma es constitucional y se relaciona tanto con la democracia directa como con la responsabilidad de los servidores públicos (género más próximo, señalaron un par de ministros), ambos, torales del Estado democrático. Por tanto, y ante la ambigüedad de la pegunta, la resolución de la Corte no agradó ni al iniciante de la consulta ni a los opositores de la misma.
Fue una decisión dividida: seis votos a favor y cinco en contra; histórica: es la primera vez que en México se celebrará un ejercicio democrático de esa naturaleza (habían existido cuatro intentos previos) y digna de análisis. Los ministros que votaron a favor fueron: Zaldívar, Gutiérrez Ortiz Mena, Pérez Dayán, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa y Ríos Farjat; en contra: Láynez, Franco, Pardo, Aguilar y Piña.
En una entrega previa (La consulta, 22 de septiembre de 2020), dejé de manifiesto que «No me gusta la idea de preguntar a la ciudadanía si gusta juzgar jurídicamente a los expresidentes de México que hayan cometido algún delito. La respuesta es un categórico SÍ, obviando la pregunta.». Asimismo, referí que «(…), la Corte deberá resolver en torno a lo estrictamente planteado y no en lo podría ocurrir es decir, en especulaciones o probabilidades de hechos futuros e inciertos.». Y fue lo que ocurrió, luego de novedosas interpretaciones constitucionales en torno a la progresividad de los derechos humanos y la participación ciudadana, vertidas en los extraordinarios argumentos expuestos a partir del proyecto de resolución del ministro Aguilar: si la respuesta a la consulta es un mayoritario NO, sería vinculante. La respuesta: hay consultas no vinculantes, cuyo propósito es el ejercicio de derechos políticos. El proyecto parte de una interpretación restrictiva de la consulta popular; el método es erróneo al confundir la pregunta con la materia de la consulta.
El ministro presidente, incluso, planteó la posibilidad de que del resultado de la consulta pueden sentarse las bases de política criminal del Estado mexicano. Zaldívar, entonces abrió la discusión y dio la pauta de su voto, como lo hizo años atrás al proyectar la resolución en torno a la Guardería abc, solamente que ahora sí tuvieron eco sus argumentaciones. La Corte, entonces, ejerció una atribución extraordinaria, pero en su carácter de tribunal constitucional no deja de ejercer su atribución de interpretación de la Ley Fundamental, por tato, y ante la consulta, la cual carece de argumentos litigiosos, la resolución no debía resolverse por el binomio conocido de argumentos fundados o infundados.
Algunas personas que manifiestan su desacuerdo a la consulta, arguyen que la resolución no obedece a argumentos estrictamente jurídicos, pero no me queda claro cuáles son esos, ¿se referirán al formalismo jurídico? Si es así, estimo que se trataría de una visión restrictiva y con un nulo ejercicio de ponderación de derechos.
Interesante la postura del ministro Láynez, quien reivindicó la consulta de autoridades para escuchar a la gente, señalando que hay varias formas de consultarla.
Con la resolución de la Corte se evidencia que el Derecho tiene muchas aristas. Sin duda, el tema de la consulta seguirá dando razones para su reflexión.
