El pasado 9 de marzo el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la nueva Ley General de Educación Superior, con la que se abroga la vigente desde el año 1978; con este ordenamiento el Estado convierte la educación superior en obligatoria, lo que la posiciona al nivel de importancia y educación fundamental que tiene en nuestros días el nivel básico y medio superior en nuestro país, debiendo asignar la federación recursos suficientes para apoyar la cubertura de este nivel de educación para todos los ciudadanos, además de garantizar el respeto a la autonomía universitaria y se da cumplimiento a los principios de gratuidad, obligatoriedad, equidad y excelencia educativa.
Esta nueva ley surge en momento trascendental en nuestro país, no solo en el campo productivo o laboral, sino también en el sector de la educación, toda vez que los millones de estudiantes y profesores de los diferentes niveles educativos debieron modificar su forma de aprendizaje, haciendo uso de las diferentes plataformas electrónicas para evitar el rezago educativo que pudieron generar las medidas restrictivas derivadas de la pandemia.
Es evidente que la educación en nuestro país cuenta con una historia de luchas constantes para proporcionar a los estudiantes educación de calidad y a la vanguardia de países desarrollados, sin embargo en un estado subdesarrollado como el nuestro, el crear leyes tendientes a garantizar la gratuidad de la educación en el nivel superior no resuelve los problemas de los jóvenes que siguen sin tener acceso a internet o a los medios electrónicos indispensables para desarrollar cada una de sus actividades en tiempos de pandemia, que si bien la cifras garantizan una baja en el número de contagios, el futuro de la educación presencial es incierto y al día de hoy no hay fechas exactas para el regreso a las aulas.
La contingencia se alarga y las consecuencias que traerá en el aprendizaje se profundizan; miles de jóvenes durante el último año han desertado para ingresar a la vida laboral y de esta forma ayudar al gasto diario de las familias en nuestro país, lo que genera el interrogante si es en la actualidad el cobro de cuotas o inscripciones en las instituciones de nivel superior el verdadero motivo para que nuestros jóvenes opten por actividades remunerativas que los ayuden a satisfacer sus necesidades básicas en época de pandemia o es un rezago genérico en la economía de nuestro país, que implica problemáticas sociales que requieren más que la creación de una nueva ley en materia de educación para ser erradicadas desde su núcleo.
Es importante analizar si la educación de hoy es la adecuada, si los planes de estudios se ajustan a la realidad social de nuestro país y a los requerimientos del sector productivo para enfrentar los retos a que los jóvenes se enfrentan día a día buscando una mejor calidad de vida, para de esta forma alejarlos inclusive de la delincuencia.
Debemos apostar por la educarlos en inteligencia emocional darles herramientas para ayudarlos a enfrentar mejor los problemas de la vida, darles educación con valores y ética, que aprendan a tener mejores relaciones humanas y a ser empáticos, más humanos.
