La Iniciativa de Reforma Constitucional al Poder Judicial

Después del arrollador triunfo de Morena, PT y Verde en la pasada elección, cuando ya es presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo y en las Cámaras de Diputados y Senadores la “Coalición Sigamos Haciendo Historia” tendrá mayoría calificada, la población espera lo que sigue.

Y lo que sigue es aprobar las iniciativas de reformas que el día 5 de febrero del presente año, anunció el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Una de ellas es la reforma constitucional al Poder Judicial, la cual pretende fomentar la participación del pueblo en las elecciones de sus representantes de este poder, limpiar los organismos públicos de corrupción y ayudar a resolver los problemas estructurales.

El presidente ha dicho: “El Poder Judicial está tomado, está secuestrado, está al servicio de una minoría rapaz, está al servicio de la delincuencia llamada organizada y de la delincuencia de cuello blanco, entonces solo con la participación de la gente, con la democracia, con el método democrático, eligiendo jueces que el pueblo apruebe, abogados íntegros, incorruptibles, con vocación de justicia, solo así vamos a poder avanzar fácilmente en el corto plazo...”

Esta iniciativa ha provocado una serie de reacciones a favor, pero otras en contra de grupos y partidos políticos, empresariales, asociaciones, propietarios de medios de comunicación y, por supuesto, de magistrados, jueces y abogados. La sociedad informada también opina sobre el tema.

La Suprema Corte de Justicia ha dado el grito en el cielo ante tal iniciativa, ya que dice defender su autonomía cuando en este sexenio no ha respetado la autonomía del Poder Legislativo y menos del Ejecutivo.

El Poder Judicial se ha ganado la desconfianza de amplios sectores de la sociedad, existen miles de personas en las prisiones mexicanas a las cuales no se les ha dictado sentencia, la falta de recursos económicos para contratar abogados sagaces que aceleren los juicios respetando los procesos o no respetándolos hace que no exista realmente la justicia rápida y expedita.

Pareciera que los aparatos judiciales administran la justicia según se tenga o no recursos económicos para hacerla funcionar.

Se libera a delincuentes de cuello blanco o a delincuentes comunes según quien sea el personaje o bien se hace menos penosa la condena o el proceso y pueden mandarlos a su casa en prisión domiciliaria con argucias legaloides.

Mientras que en las cárceles purgan castigos aquellos que no alcanzaron el precio de la justicia.

Los sueldos de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, sus fideicomisos millonarios para prestaciones personales increíbles, el nepotismo descubierto en donde familias completas ocupan plazas en el Poder Judicial y su propensión a proteger intereses económicos nacionales e internacionales nos lleva a plantearnos que efectivamente debe haber una reforma a ese poder que hasta ahora ha sido intocable y pareciera el poder de los poderes.

Invito a las y los celayenses a profundizar sobre el conocimiento de la iniciativa y no tener descalificativos a priori, solo repitiendo juicios con adjetivos despectivos sin sustento que los medios de comunicación hegemónicos trasmiten.

La democracia no es completa si no se ejerce en los tres Poderes del Estado. La política y la justicia no es asunto de las elites, es asunto de todas y todos.