/ martes 1 de junio de 2021

La Tres de Tres

El día de ayer (31 de mayo) fenecía el plazo para que los servidores públicos mexicanos presentaran su declaración patrimonial, fiscal y de intereses, mecanismo de prevención de comisión de faltas administrativas y hechos de corrupción, e instrumento de Rendición de Cuentas. Cabe señalar que esta obligación no es nueva, pero sí lo es la manera en que se cumplió (o debió de haberse cumplido), pues debieron utilizarse los formatos aprobados por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.

La declaración en cuestión, mejor conocida como tres de tres, es una demanda de la sociedad civil y vale la pena recordar algunos hechos: ante la exigencia de la ciudadanía, el Poder constituyente permanente reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 35, a efecto de reconocer en la ciudadanía, su derecho de iniciativa de ley, es decir, que tiene la prerrogativa de instar el procedimiento legislativo para que el Congreso de la Unión discuta y, en su caso, apruebe, normas de carácter general, abstracto e impersonal.

Así, ante escándalos de corrupción, diversos segmentos de la ciudadanía organizada demandaron del Poder público transparentar su patrimonio, sus intereses (para que no se sirvieran del cargo público en beneficio de intereses particulares) y su declaración fiscal, a efecto de conocer si, en efecto, se contribuía proporcional y equitativamente para sufragar el gasto público. Fue, entonces, cuando, en ejercicio de sus derechos políticos, presentaron diversas iniciativas de ley, las cuales fueron recogidas por el órgano congresual, siguiéndose la secuela del proceso legislativo.

Ese es el origen de la declaración patrimonial, fiscal y de intereses. La idea es conocer la evolución patrimonial de los servidores públicos, es decir, que su estilo de vida sea coincidente con su salario y, en su caso, con los ingresos que puedan percibir de otras fuentes como la docencia, los rendimientos financieros o, incluso, de su cónyuge. Por su parte, la declaración de intereses tiene por objeto informar y determinar el conjunto de intereses de un servidor público a fin de delimitar cuándo éstos entran en conflicto con su función, comprometiendo el desempeño imparcial y objetivo de la misma, debido a sus intereses personales, familiares o de negocios.

Las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución.

Para tal efecto, el Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, emitirá los formatos respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos aludidos queden en resguardo de las autoridades competentes (artículo 29 de la ley General de Responsabilidades Administrativas).

Paulatinamente se cierran las áreas de discrecionalidad en la que actuaban algunos servidores públicos. Por supuesto, la presentación de la declaración patrimonial, fiscal y de intereses, no resolverá el problema de corrupción y de enriquecimiento ilícito de algunas personas, pero sí abona en la consecución de tal objetivo.

Cabe señalar que, mediante Acuerdo suscrito por la secretaria de la Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día de ayer, 31 de mayo de 2021, se amplió el plazo para presentar la declaración patrimonial y de intereses, al 31 de julio de 2021.

germanrodriguez32@hotmail.com

El día de ayer (31 de mayo) fenecía el plazo para que los servidores públicos mexicanos presentaran su declaración patrimonial, fiscal y de intereses, mecanismo de prevención de comisión de faltas administrativas y hechos de corrupción, e instrumento de Rendición de Cuentas. Cabe señalar que esta obligación no es nueva, pero sí lo es la manera en que se cumplió (o debió de haberse cumplido), pues debieron utilizarse los formatos aprobados por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.

La declaración en cuestión, mejor conocida como tres de tres, es una demanda de la sociedad civil y vale la pena recordar algunos hechos: ante la exigencia de la ciudadanía, el Poder constituyente permanente reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 35, a efecto de reconocer en la ciudadanía, su derecho de iniciativa de ley, es decir, que tiene la prerrogativa de instar el procedimiento legislativo para que el Congreso de la Unión discuta y, en su caso, apruebe, normas de carácter general, abstracto e impersonal.

Así, ante escándalos de corrupción, diversos segmentos de la ciudadanía organizada demandaron del Poder público transparentar su patrimonio, sus intereses (para que no se sirvieran del cargo público en beneficio de intereses particulares) y su declaración fiscal, a efecto de conocer si, en efecto, se contribuía proporcional y equitativamente para sufragar el gasto público. Fue, entonces, cuando, en ejercicio de sus derechos políticos, presentaron diversas iniciativas de ley, las cuales fueron recogidas por el órgano congresual, siguiéndose la secuela del proceso legislativo.

Ese es el origen de la declaración patrimonial, fiscal y de intereses. La idea es conocer la evolución patrimonial de los servidores públicos, es decir, que su estilo de vida sea coincidente con su salario y, en su caso, con los ingresos que puedan percibir de otras fuentes como la docencia, los rendimientos financieros o, incluso, de su cónyuge. Por su parte, la declaración de intereses tiene por objeto informar y determinar el conjunto de intereses de un servidor público a fin de delimitar cuándo éstos entran en conflicto con su función, comprometiendo el desempeño imparcial y objetivo de la misma, debido a sus intereses personales, familiares o de negocios.

Las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución.

Para tal efecto, el Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, emitirá los formatos respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos aludidos queden en resguardo de las autoridades competentes (artículo 29 de la ley General de Responsabilidades Administrativas).

Paulatinamente se cierran las áreas de discrecionalidad en la que actuaban algunos servidores públicos. Por supuesto, la presentación de la declaración patrimonial, fiscal y de intereses, no resolverá el problema de corrupción y de enriquecimiento ilícito de algunas personas, pero sí abona en la consecución de tal objetivo.

Cabe señalar que, mediante Acuerdo suscrito por la secretaria de la Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día de ayer, 31 de mayo de 2021, se amplió el plazo para presentar la declaración patrimonial y de intereses, al 31 de julio de 2021.

germanrodriguez32@hotmail.com