Los lamentables sucesos ocurridos el pasado 17 de octubre en la capital sinaloense, pueden ser analizados desde distintas perspectivas; en todo caso, queda el aprendizaje. El contexto es el siguiente: El gobierno mexicano detuvo a un presunto narcotraficante, pero se vio obligado a dejarlo en libertad luego de que sus secuaces mostraran un poder mayor al observado por las fuerzas de seguridad mexicanas, poniendo en riesgo a cientos de personas inocentes, civiles.
Ante esta circunstancia emerge un dilema ético que debió resolver el titular del Ejecutivo federal: (i) retener al presunto capo a costa de las vidas inocentes que ineludiblemente se presentarían, haciendo valer el estado de derecho y el estricto apego a la ley o (ii) dejar que el capo se vaya, evitar la muerte de los inocentes y con posterioridad intentar un nuevo operativo para detener al presunto delincuente. El resultado es historia: el presidente se decantó por la segunda opción.
La crítica se hizo presente, pues resulta reprochable que una persona que juró hacer guardar el estado de derecho sucumbiera ante la amenaza; sin embargo, la elección del Presidente de México es diferente a la lógica seguida en sexenios anteriores, en donde se hacía realidad la literalidad del epitafio del guanajuatense José Alfredo Jiménez: la vida no vale nada; por tanto, en aras de aplicar la ley y combatir a la delincuencia, se abatían (mataban) a personas inocentes, eufemísticamente se denominaban daños colaterales.
Con la elección del presidente se dejó en claro que lo más importante es la vida de inocentes; que la detención de un presunto capo no vale aquellas y que hay un cambio no solamente de discurso, sino de acciones. Sin embargo, también se dejó en evidencia una deficiente planeación en el operativo, lo cual deja en entredicho la estrategia de seguridad del Ejecutivo federal, la eficacia de sus reuniones matutinas con el gabinete del ramo y la gran capacidad de fuego que tiene la delincuencia organizada, en ocasiones como la señalada y debido a la deficiente planeación, superiores a las del Estado mexicano.
Ciertamente, la estrategia del fuchi y el guácala (expresiones coloquiales que implican despreciar enrolarse en las filas de la delincuencia organizada, en razón de que el gobierno otorga distintos apoyos a la gente para que no se vea obligada a delinquir) puede dar resultados a mediano y largo plazos, pero lo que preocupa es la inmediatez del problema, pues la inseguridad está llegando a puntos extremos y requiere soluciones ahora, por lo que se hace necesario un plan a corto plazo, con resultados notorios.
No obstante, me congratulo que se ha puesto en el centro a la gente inocente y no al fuego; que no se utiliza a éste como legitimador del ejercicio del Poder público.
La inseguridad pública es el problema inmediato que el gobierno, en sus tres ámbitos, debe resolver, pues si no hay un ambiente propicio no llegan o se van las inversiones, se fractura más el tejido social y se merma la salud individual, social y pública. En la solución debemos inscribirnos todos en nuestro ámbito de actuación.
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