Uno de los debates de la semana pasada, se registró en torno al feminicidio, pues hay quienes consideran que acreditarlo en instancias judiciales es complicado in extremis, por lo que se sugiere derogarlo y suplirlo como un homicidio con agravantes, adoptando una postura pragmática y en aras de disminuir el grado de impunidad de quienes lo cometen; por el contrario, se encuentra la postura que sostiene que deben reducirse los requisitos legales, a efecto de facilitar su demostración.
El artículo 325 del Código Penal Federal establece que comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género, para luego enunciar siete de ellas, reduciéndose, en mi opinión, a que la mujer haya sido víctima de violencia, con independencia de su especie: familiar, comunitaria, escolar, laboral, política, en medios de comunicación, etc.
A lo largo de los siglos la mujer ha sido relegada del ámbito público; leyes y cultura han contribuido para tal injusticia. Aún siguen pugnando por la plena consecución del ejercicio de sus derechos humanos, tanto civiles como políticos. Por cierto, un día como mañana, pero de 1947, se reconoció a nivel municipal en México, el derecho de la mujer a votar y a ser votada. Modificar la mentalidad de los integrantes de una sociedad no es fácil: tenemos la herencia cultural, a guisa de ejemplo, de los grandes charros mexicanos como Pedro Infante, Jorge Negrete o Antonio Aguilar, quienes no se caracterizaban, precisamente, por respetar a las mujeres, quienes aceptaban, abnegadas, su suerte, su destino, su cruz. Quizás a alguna hasta le gustaba ese estatus.
En ese contexto y ante la violencia de la que siguen siendo víctimas las mujeres, parece equivocado suprimir el tipo penal de feminicidio, aunque éste sea el último eslabón de una cadena de actos orientados a su maltrato; deben fortalecerse las acciones afirmativas, la prevención, los mecanismos de denuncia y sanción.
Cabe señalar, además, que hacer visible estas asimetrías entre sexos (y géneros) no es una decisión exclusiva del gobierno mexicano, sino que también obedece a instrumentos normativos internacionales que datan de hace lustros.
Hoy se vive un empoderamiento femenino, el Congreso de la Unión, las legislaturas locales y el gabinete federal, así lo constatan. La pretensión de hoy es reparar los agravios de antaño, recuperar el tiempo perdido y reconocer cultural y legalmente el poder femenino, coadyuvando a su efectivo ejercicio.
En consecuencia, no debemos normalizar conductas inaceptables, por el contrario, hay que trabajar para sancionarlas; precisamente ayer, el Fiscal General de la República señaló que el feminicidio había aumentado un 137% en los últimos cinco años, por lo que se hace imperativo ser más eficientes con un grupo en condiciones de vulnerabilidad, esto es, tomar las providencias necesarias para que no ocurra tal delito o, en su caso, sea debidamente sancionado.
Así las cosas, el combate a la violencia de género y el feminicidio, llegaron para quedarse, hasta que haya condiciones reales de equidad e igualdad entre los sexos.
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