La grave crisis política, económica, social y humanitaria que hoy vive el pueblo venezolano viene gestándose hace años, desde el cenit del gobierno de Hugo Chávez, agudizándose en los últimos dos años del de Nicolás Maduro y tomado su punto más álgido el miércoles pasado (23 de enero de 2019), cuando el presidente de la Asamblea Nacional -órgano parlamentario disuelto por Maduro y por el Tribunal Superior de Justicia, presuntamente de manera ilegal- Juan Guaidó, juramentó como presidente encargado, con la principal encomienda de organizar elecciones democráticas y restablecer el orden constitucional.
Las posiciones, vía tuiter, de buena parte de la comunidad internacional no se hicieron esperar: apoyo a Guaidó de Estados Unidos, Brasil Chile, Colombia, entre otros; apoyo a Maduro de Rusia, China, Cuba, Bolivia, entre otros; posición neutral de México, Uruguay y la Unión Europea. En consecuencia, México asume una posición que le permite ser legítimo mediador para solucionar el conflicto venezolano y materializar uno de los principios constitucionales, el de la solución pacífica de controversias. Además, se induce a Maduro a promover el diálogo y se coloca a su opositor a aceptarlo o a asumir el costo político por rechazarlo. Parece que ya eligió la segunda opción, conocedor del apoyo total de la Casa Blanca (la de Washington, no la de Las Lomas).
El artículo 89 de la Constitución Mexicana enuncia las atribuciones y deberes del Presidente de México, señalando que le corresponde dirigir la política exterior de nuestro país, debiendo observar los siguientes principios: autodeterminación de los pueblos; no intervención; solución pacífica de controversias; respeto, protección y promoción de los derechos humanos; lucha por la paz y seguridad internacionales, entre otros, los cuales son principios generales de derecho internacional establecidos en el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas. México los adoptó y decidió constitucionalizarlos, por lo que fueron incorporados a nuestra Ley Fundamental el 11 de mayo de 1988.
Llama mucho la atención el giro que han tenido buena parte de los opinadores en los medios masivos de comunicación, así como en la prensa nacional, quienes dependiendo de qué, cómo, cuándo y por qué, establecen su postura en torno al estado de derecho y aplicación de la ley, atribuyéndole a su ausencia casi la totalidad de los males de la república. En efecto, hoy que México se apega al mandato constitucional, estos opinadores no solamente cuestionan el estado de derecho sino que llaman abiertamente a incumplirlo sugiriendo y persuadiendo para que se omita la cabal observancia del precepto constitucional. Aunado a lo anterior, también sorprende la alquimia argumentativa de tales opinadores al señalar que no tomar partido en el conflicto venezolano significa apoyar el régimen de Maduro. Así nada más, un no hacer convertido en apoyo. Sin mayor explicación, sin mayor argumento. Magia.
No me gusta el perfil de Maduro para ser presidente de un país; tampoco me gusta la forma de comunicarse con el pueblo, diciéndole que tuvo comunicación con el finado Hugo Chávez a través de un intermediario avícola, o bien, que viajó al futuro, vio que su país estaba bien y regresó al presente para comunicarlo; es decir, en estos ejemplos, trató al pueblo cual lactante. Además, los hechos son incontrovertibles, pues Venezuela registra hiperinflación, escases, precarias condiciones de vida, expulsión de compatriotas y una larga lista de males. No obstante, tomar partido en el conflicto implica faltar al respeto a quienes defienden la postura contraria, que son muchos, tanto de Maduro como de Guadió.
Personalmente considero inviable la permanencia de Maduro, pues el ambiente ya está muy crispado, contaminado y los hechos y las pésimas condiciones de vida de los venezolanos son incontrovertibles. Quizás él, motu proprio debería optar por someterse a un referéndum organizado por los venezolanos y vigilado por la comunidad internacional, pero ésta con una participación pasiva y no activa como la que actualmente se observa, con la clara pretensión de intervenir en la política interior del país sureño.
