/ martes 27 de abril de 2021

Nuestros Datos Biométricos

La semana pasada nos enteramos de que, según estudio realizado por una asociación civil, Celaya es la ciudad más violenta del mundo, un diagnóstico que, con independencia de la metodología empleada para arribar a tal conclusión, ya se percibía por buena parte de los habitantes celayenses.

La violencia aludida en el párrafo que antecede, forma parte del concepto seguridad pública, de ahí la reflexión en torno al Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, el 16 de abril de 2021, particularmente, la obligación que refiere que, los usuarios de telefonía móvil, debemos proporcionar nuestros datos biométricos, justificando la medida en cuestiones de seguridad.

Los datos biométricos son las propiedades físicas, fisiológicas, de comportamiento o rasgos de la personalidad, atribuibles a una sola persona y que son medibles, por ejemplo, las huellas digitales, el rostro, la retina, el iris, la estructura de las venas de las manos, la forma de las orejas, el color de piel, el ADN, entre otros.

Así, entramos de nueva cuenta a un problema de colisión de derechos, toda vez que, por un lado, demandamos seguridad pública y las consecuentes medidas estatales para que nos sea proporcionada, pero también demandamos protección a nuestros datos personales.

Esta problemática jurídica ya fue sometida a la consideración de un juez federal (un juez de distrito) vía juicio de amparo, quien consideró que proporcionar nuestros datos biométricos, en los términos que establece la reforma antes citada, puede resultar excesivo para el usuario de la telefonía móvil, ya que no se encuentra justificada tal medida.

Así, considero que el juez de distrito realizó un análisis la exposición de motivos que sustentó la reforma, y que a su juicio le resultó insuficiente, por tanto, decidió dictar una suspensión provisional al quejoso, es decir, a quien solicitó el amparo, para que no le sea aplicada la ley. Cabe señalar que, como su nombre lo indica, se trata de una suspensión provisional a la aplicación de la ley y no resuelve en definitiva el fondo del asunto; habrá que esperar la resolución del amparo y, en su caso, la resolución de los medios de impugnación que pudieran llegar a presentarse.

Se trata, al final, de un ejercicio de soberanía, la cual lleva de suyo el poder del pueblo para autolimitarse, es decir, fijar los límites en el ejercicio de derechos de los ciudadanos, pero también en el ejercicio de atribuciones de la autoridad; luego, habrá qué respondernos la siguiente interrogante: ¿qué tanta intromisión estatal queremos en nuestra esfera privada? A partir del paradigma constitucional de los derechos humanos, la autoridad tiene el deber de justificar tal intromisión, con una motivación reforzada.

Lo anterior cobra relevancia, pues debido al uso generalizado, necesario y útil de las herramientas tecnológicas para informarnos y comunicarnos, en muchas ocasiones se nos conoce más por los contenidos que almacenamos en nuestras redes sociales, que por el comportamiento físico que tenemos. Lamentablemente, estos contenidos también pueden resultar específicamente creados para cometer un sinnúmero de delitos, por lo que el tema debe analizarse con cautela, precisión y utilidad social, sin demérito de los derechos humanos; en suma, difícil la colisión de derechos antes enunciada.

germanrodriguez32@hotmail.com

La semana pasada nos enteramos de que, según estudio realizado por una asociación civil, Celaya es la ciudad más violenta del mundo, un diagnóstico que, con independencia de la metodología empleada para arribar a tal conclusión, ya se percibía por buena parte de los habitantes celayenses.

La violencia aludida en el párrafo que antecede, forma parte del concepto seguridad pública, de ahí la reflexión en torno al Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, el 16 de abril de 2021, particularmente, la obligación que refiere que, los usuarios de telefonía móvil, debemos proporcionar nuestros datos biométricos, justificando la medida en cuestiones de seguridad.

Los datos biométricos son las propiedades físicas, fisiológicas, de comportamiento o rasgos de la personalidad, atribuibles a una sola persona y que son medibles, por ejemplo, las huellas digitales, el rostro, la retina, el iris, la estructura de las venas de las manos, la forma de las orejas, el color de piel, el ADN, entre otros.

Así, entramos de nueva cuenta a un problema de colisión de derechos, toda vez que, por un lado, demandamos seguridad pública y las consecuentes medidas estatales para que nos sea proporcionada, pero también demandamos protección a nuestros datos personales.

Esta problemática jurídica ya fue sometida a la consideración de un juez federal (un juez de distrito) vía juicio de amparo, quien consideró que proporcionar nuestros datos biométricos, en los términos que establece la reforma antes citada, puede resultar excesivo para el usuario de la telefonía móvil, ya que no se encuentra justificada tal medida.

Así, considero que el juez de distrito realizó un análisis la exposición de motivos que sustentó la reforma, y que a su juicio le resultó insuficiente, por tanto, decidió dictar una suspensión provisional al quejoso, es decir, a quien solicitó el amparo, para que no le sea aplicada la ley. Cabe señalar que, como su nombre lo indica, se trata de una suspensión provisional a la aplicación de la ley y no resuelve en definitiva el fondo del asunto; habrá que esperar la resolución del amparo y, en su caso, la resolución de los medios de impugnación que pudieran llegar a presentarse.

Se trata, al final, de un ejercicio de soberanía, la cual lleva de suyo el poder del pueblo para autolimitarse, es decir, fijar los límites en el ejercicio de derechos de los ciudadanos, pero también en el ejercicio de atribuciones de la autoridad; luego, habrá qué respondernos la siguiente interrogante: ¿qué tanta intromisión estatal queremos en nuestra esfera privada? A partir del paradigma constitucional de los derechos humanos, la autoridad tiene el deber de justificar tal intromisión, con una motivación reforzada.

Lo anterior cobra relevancia, pues debido al uso generalizado, necesario y útil de las herramientas tecnológicas para informarnos y comunicarnos, en muchas ocasiones se nos conoce más por los contenidos que almacenamos en nuestras redes sociales, que por el comportamiento físico que tenemos. Lamentablemente, estos contenidos también pueden resultar específicamente creados para cometer un sinnúmero de delitos, por lo que el tema debe analizarse con cautela, precisión y utilidad social, sin demérito de los derechos humanos; en suma, difícil la colisión de derechos antes enunciada.

germanrodriguez32@hotmail.com