El pasado 12 de noviembre del 2020, el presidente de la república envió a los legisladores una iniciativa de reforma en materia laboral, misma que busca eliminar la figura de subcontratación de trabajadores, así como el cumplimiento del pago de obligaciones laborales y fiscales como lo es el pago de las utilidades.
Dicha iniciativa impacta en todo sentido a la inversión privada de nuestro país, y ante sus inconformidades se generaron diversas mesas de diálogo entre estas y el gobierno federal, mismas que concluyeron el pasado viernes 19 de marzo con el acuerdo de topar la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) de las empresas a tres meses de salario diario o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años; se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador.
Si bien, la reforma tiene como propósito evitar que las empresas hagan uso inadecuado de esquemas de subcontratación, esto traerá un impacto de gran magnitud para las empresas que conforman el mercado formal, generándoles la obligación de realizar contrataciones directas y con ello las nuevas cargas como es el pago de Seguro Social, Infonavit, Impuesto sobre Nómina y ahora también por el Teletrabajo; y en su caso, la autorización por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social mediante inscripción en el padrón de prestadoras de servicios u obras especializados, lo que podría provocar probables reducciones en su plantilla laboral con la finalidad de subsistir, originando un mayor número de desempleo en un momento en el que de acuerdo con cifras del INEGI, 2.4 millones de personas perdieron su empleo como resultado de la pandemia.
Sin embargo, aún cuando la reforma, en caso de ser aprobada perjudica económicamente a las empresas, para los trabajadores es un gran logro, garantizando el respeto y cumplimiento de sus derechos, recibiendo todas y cada una de las prestaciones ya contempladas por la ley, mismas que se han omitido por esquemas de subcontratación escudándose en la falta de regulación o imposición de obligaciones para las empresas, evitando practicas indebidas en la omisión del pago de las utilidades a las que todo trabajador tiene derecho.
Es importante analizar si este paso no es solo un paliativo con la finalidad de seguir adelante con la reforma, qué si bien logrará seguridad jurídica para los empleados, las cargas generadas a las empresas no comprometan su estabilidad , subsistencia y posibles inversiones en el país, afectando con ello la economía de sectores como el campo, el inmobiliario, capital intensivo, energético, infraestructura y muchos más que no tienen la capacidad de contratación y que decir de la especialidad en los trabajos que son temporales en su mayoría.
