/ martes 5 de febrero de 2019

Pifias en Educación Superior

Errar y acertar son inherentes al ser humano; el Estado y el gobierno son creaciones del ser humano; luego, el Estado y el gobierno yerran y aciertan. Lo fundamental es que los errores sean los menos, en la inteligencia de que son inevitables (resulta prácticamente imposible acertar siempre, en todo).

Con motivo de la reforma constitucional y legal en materia educativa planteada por la 4T, así como de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, el Gobierno de México ha cometido un par de pifias -una más grave que la otra- respecto a la Educación Superior: eliminó la autonomía universitaria (artículo 3 constitucional) y redujo el presupuesto para ejercerse en el año que corre. Las críticas e inconformidades no se hicieron esperar, el Gobierno de México aceptó los errores y los corrigió, como debe ser.

En varias ocasiones, espacios y tribunas he enfatizado la importancia de la educación, así como que esta (educación y su especie investigación científica) sea la base en la toma de decisiones gubernamentales; es decir, que en la medida de lo posible sea un gobierno de científicos que sigan el mandato popular, un gobierno de sabios.

Respecto al par de descuidos supra referidos, un par de comentarios.

En el caso de la autonomía universitaria ciertamente resulta importante que la Universidad cuente con cierta independencia en la toma de decisiones; sin embargo, vale la pena cuestionar quién debe prevalecer sobre quién o cómo se pondera su peso específico: ¿el gobierno sobre la Universidad o viceversa? Referente obligado el libro ESTADO, MERCADO Y UNIVERSIDAD (Rodríguez Frías, Germán -Coord.-, UG, 2014), concretamente el capítulo Estado, Mercado y Universidad. Comentarios previos a la discusión: ¿quién dirige a quién?, autoría del coordinador.

En el caso de la reducción presupuestal, cabe señalar que la actividad sustantiva de la Universidad debe salvaguardarse; sin embargo, deben considerarse las voces y manifestaciones de la comunidad universitaria, alumnos y profesores, que demandan auditorías. En ese sentido, valdría la pena hacer un ejercicio analítico respecto a cómo gastan dinero las universidades públicas, comenzando por los salarios de la alta burocracia, su eficacia, así como el impacto social (resultados), para posteriormente reflexionar y tomar decisiones.

En todo caso, cabe recordar que el telos de la Universidad es la formación de alumnos con conciencia crítica y cívica (ciudadanos) cuyo conocimiento adquirido sea útil para la transformación positiva de la colectividad. Para ello, resultan indispensables alumnos y profesores, quienes crean un vínculo sustentado en la enseñanza-aprendizaje orientado a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y a fomentar en él, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia (artículo 3, párrafo segundo, constitucional).

En ese orden de ideas, no estoy seguro que la investigación y la extensión deban mezclarse con la docencia, o bien, si vale la pena explorar el modelo de la Universidad de Santiago de Chile, en cuya estructura se prevé un Centro de Investigación, ajeno a la docencia, con el ánimo de que los investigadores no se distraigan en la docencia y viceversa, en la inteligencia de que la enseñanza profesional es para todos y la investigación científica es para poquísimos (Ortega y Gasset dixit).

En ese contexto, con la pifia gubernamental subsanada, ahora toca revisar la actuación de la Universidad pública: nombramientos, becas, actividades, salarios, cumplimientos, relaciones alumnos-docentes-directivos y, sobre todo, su vínculo directo para el mejoramiento del entorno social.

germanrodriguez32@hotmail.com

Errar y acertar son inherentes al ser humano; el Estado y el gobierno son creaciones del ser humano; luego, el Estado y el gobierno yerran y aciertan. Lo fundamental es que los errores sean los menos, en la inteligencia de que son inevitables (resulta prácticamente imposible acertar siempre, en todo).

Con motivo de la reforma constitucional y legal en materia educativa planteada por la 4T, así como de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, el Gobierno de México ha cometido un par de pifias -una más grave que la otra- respecto a la Educación Superior: eliminó la autonomía universitaria (artículo 3 constitucional) y redujo el presupuesto para ejercerse en el año que corre. Las críticas e inconformidades no se hicieron esperar, el Gobierno de México aceptó los errores y los corrigió, como debe ser.

En varias ocasiones, espacios y tribunas he enfatizado la importancia de la educación, así como que esta (educación y su especie investigación científica) sea la base en la toma de decisiones gubernamentales; es decir, que en la medida de lo posible sea un gobierno de científicos que sigan el mandato popular, un gobierno de sabios.

Respecto al par de descuidos supra referidos, un par de comentarios.

En el caso de la autonomía universitaria ciertamente resulta importante que la Universidad cuente con cierta independencia en la toma de decisiones; sin embargo, vale la pena cuestionar quién debe prevalecer sobre quién o cómo se pondera su peso específico: ¿el gobierno sobre la Universidad o viceversa? Referente obligado el libro ESTADO, MERCADO Y UNIVERSIDAD (Rodríguez Frías, Germán -Coord.-, UG, 2014), concretamente el capítulo Estado, Mercado y Universidad. Comentarios previos a la discusión: ¿quién dirige a quién?, autoría del coordinador.

En el caso de la reducción presupuestal, cabe señalar que la actividad sustantiva de la Universidad debe salvaguardarse; sin embargo, deben considerarse las voces y manifestaciones de la comunidad universitaria, alumnos y profesores, que demandan auditorías. En ese sentido, valdría la pena hacer un ejercicio analítico respecto a cómo gastan dinero las universidades públicas, comenzando por los salarios de la alta burocracia, su eficacia, así como el impacto social (resultados), para posteriormente reflexionar y tomar decisiones.

En todo caso, cabe recordar que el telos de la Universidad es la formación de alumnos con conciencia crítica y cívica (ciudadanos) cuyo conocimiento adquirido sea útil para la transformación positiva de la colectividad. Para ello, resultan indispensables alumnos y profesores, quienes crean un vínculo sustentado en la enseñanza-aprendizaje orientado a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y a fomentar en él, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia (artículo 3, párrafo segundo, constitucional).

En ese orden de ideas, no estoy seguro que la investigación y la extensión deban mezclarse con la docencia, o bien, si vale la pena explorar el modelo de la Universidad de Santiago de Chile, en cuya estructura se prevé un Centro de Investigación, ajeno a la docencia, con el ánimo de que los investigadores no se distraigan en la docencia y viceversa, en la inteligencia de que la enseñanza profesional es para todos y la investigación científica es para poquísimos (Ortega y Gasset dixit).

En ese contexto, con la pifia gubernamental subsanada, ahora toca revisar la actuación de la Universidad pública: nombramientos, becas, actividades, salarios, cumplimientos, relaciones alumnos-docentes-directivos y, sobre todo, su vínculo directo para el mejoramiento del entorno social.

germanrodriguez32@hotmail.com