Trascendió que funcionarios que venían desempeñándose en al cargo de primer edil municipal, tendrán privilegios de seguridad personal, es decir, servicio de escolta y vehículo blindado, por un año o más, aun cuando ya no estarán al frente de sus responsabilidades. Sí, los contribuyentes seguirán pagando el resguardo para los presidentes municipales. Basta con que el Ayuntamiento lo apruebe. Y lo justifican, por el grado de riesgo que presumiblemente corran dichas personas.
Pues, como ya lo imaginan, doña Elvira, luego de una sesión secreta del Ayuntamiento saliente, se le otorgó el beneficio de seguridad personal, y la justificación es obvia, que ha estado en una situación –y puede seguir- de peligro posible o inminente. La pregunta es evidente: ¿No debería pagar tal servicio de su bolsa?
El riesgo que se vive por cualquier ciudadano o habitante de esta vilipendiada ciudad, es una situación real y ser víctima, es posible en cualquier momento y lugar dentro de este territorio. En eso no cabe ninguna discusión o duda. El problema es para todos. Sin embargo, el privilegio y más, a cargo del Erario, eso sí, es una situación de excepción y por tanto, inequitativa, por no decir abusiva.
Los contribuyentes, no tienen por qué pagar la seguridad personal de exfuncionarios, por más que puedan seguir en riesgo. Su ejercicio, ha sido en este caso, decisión política personal y deben atenerse a sus propios medios, como cualquiera otro habitante o ciudadano. ¿Qué enemigos logró la mencionada? ¿Qué hizo para proteger a los habitantes de esta ciudad? Sea cual sea la respuesta, es incongruente desde cualquier ángulo, que los celayenses sigan pagando por la seguridad de doña Elvira, no sólo porque no haya hecho bien su trabajo, ni tampoco porque no viva aquí. Simplemente pasa a partir de hoy, a ser una ciudadana más. Y por supuesto, es obvio, que tenga con qué pagar escolta o vehículos de máxima o relativa seguridad, si así lo requiere. Parece que sus allegados como el secretario de seguridad ciudadana, cree que ella bien merece ese privilegio. Lo que es una opinión subjetiva, pero inválida. Incluso, aunque lo haga posible alguna ley o reglamento, o decisión de regidores.
LA CONDICIÓN SINE QUA NON: La primera prueba para el edil entrante, así como el conjunto que conforma el Ayuntamiento, es rescatar a los celayenses de la carga de pagar tales privilegios a exfuncionarios, simple: No hay presupuesto de excepción, cuando hay otras necesidades apremiantes. No es permisible –además de ética política- si es que de verdad habrá reparación de los deslices de doña Elvira y entre esos, no se debe premiar su incapacidad notoria, en particular para haber dado seguridad pública, a los celayenses, porque no habrá quien, en su sano juicio, o en congruencia política, pueda avalar un trabajo que no se hizo, incluso, por desdén de una funcionaria que brilló, precisamente, por su ineficacia. Siendo un hecho que, además, no vive y seguirá, en otra latitud, en el vecino Estado, al lado Oriente del nuestro. Aunque, podrán decir, estimados lectores, que soñar no cuesta, para creer que don Francisco Javier, tomará carta en el asunto. En fin. Tienen, como es usual, la última opinión. Cuídense, no sea que la escolta de ya saben quién, los vaya a envestir para darle paso a la privilegiada en mención.
