La probable cancelación de la construcción de la «aerópolis» con eje en Texcoco por parte del presidente electo (probabilidad que va in crescendo, primero, el uno de julio pasado con el triunfo abrumador del proyecto encabezado por AMLO en las urnas, y luego, con los resultados de la consulta elaborada por morena, para hacer un sistema aeroportuario tripartita aeropuerto Benito Juárez – Toluca – Santa Lucía, aún y cuando ya había mucho dinero invertido en el proyecto Texcoco) ha propiciado un prolífico aunque falso debate en torno a la respuesta a la siguiente interrogante: ¿Con quién gobernará Andrés Manuel López Obrador? Y la respuesta a elegir entre las disyuntivas: ¿ricos o pobres? ¿empresarios o pueblo? (como si los empresarios no fueran parte del pueblo, con sus derechos subjetivos políticos en activo).
Sin ánimo catastrofista, debe reconocerse que México tiene problemas en muchos de los deberes primordiales del Estado: seguridad, impartición de justicia, educación, corrupción, impunidad, etc., por lo que se requiere la concurrencia y el compromiso de todos para potencializar sus fortalezas y corregir el rumbo. Si esta razón resultara insuficiente, vale recordar el contenido del artículo 25, párrafos tercero y cuarto constitucionales, que se refiere al desarrollo nacional: «El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución. Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación.»
En ese orden de ideas, el presidente López Obrador no debe escoger entre «pueblo y empresarios»; debe gobernar, como dice el orden constitucional, con la concurrencia de todos los sectores, público, privado y social. Desde luego, los poderes constituidos o el sector público, tienen la directriz o «llevan la batuta», pues corresponde al Estado la planeación, conducción, coordinación y orientación de la actividad económica nacional.
La eventual cancelación de la construcción del aeropuerto en Texcoco se trata de un mensaje del Poder público recordando el mandato constitucional: concurrencia de todos, insubordinación de nadie; o en otras palabras, lo prometido en campaña: separar el poder económico del político como abono en la lucha anticorrupción, en la inteligencia de que ambos son indispensables para el desarrollo nacional, cada cual acorde a su rol y al mandato constitucional.
En ese orden de ideas, quizás sea bueno dar vuelta a la página, al episodio de la consulta en torno al sistema aeroportuario, como se nos ha pedido en otras ocasiones y ponernos todos a trabajar, a «jalar parejo» en beneficio del país.
En todo caso, y si hay qué contestar la interrogante ¿quién manda en México? La respuesta nos la otorga la propia Constitución en sus artículos 39 y 40: el pueblo, como titular de la soberanía nacional, quien la ejerce por medio de los Poderes de la Unión quienes, en democracia, están obligados a tomar decisiones razonadas y razonables, deliberadas y acorde a Derecho, por lo que deben respetar la libertad de opinión de quienes no pertenecen al sector público.
No debe olvidarse que el Presidente de México es el primer mandatario, es decir, el primero que debe obedecer el mandato, la orden, la instrucción popular y velar por el interés general.
