Para muchas familias, una de las situaciones más alarmantes y desafortunadas que pueden vivir es que uno de sus miembros desarrolle adicción a alguna sustancia. Acto seguido, por ejemplo, los padres de familia se preguntan ¿qué hacemos? ¿A quién recurrimos?
Es sumamente difícil erosionar una adicción y menos en alguien que no está interesado en ello. Por eso es muy relevante el esfuerzo que el gobierno del estado de Guanajuato ha desarrollado con la estrategia Planet Youth para recomponer el tejido social y ayudar a las personas que han caído en una situación así pero desean reintegrarse.
No obstante, hay una parte importante de la población que recurre a centros de rehabilitación para tratar de enfrentar las adicciones. Son los centros que conocemos como “anexos” como el denominado “Buscando el camino a mi recuperación”, donde hace poco más de dos años 27 internos fueron asesinados, en la comunidad de Arandas, en Irapuato.
VERIFICACIÓN SANITARIA
En su momento, las autoridades de salud, afirmaron que verificarían todos los anexos o centros de rehabilitación para constatar que no se encontraran fuera de norma, luego de las instrucciones del Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, derivado de los hechos en la ciudad de Irapuato.
En Guanajuato, informa Dylan René de El Sol de Irapuato, Nicolás Pérez Ponce, presidente de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB) ha declarado que se han vuelto a registrar ataques y privación ilegal de personas que están en rehabilitación en el estado y añadió que “los propietarios de estos lugares se sienten desprotegidos, luego de que se han vuelto a registrar varios ataques en contra de ellos que van desde balazos a fachadas hasta la privación ilegal de la libertad de internos”.
Según dicha asociación, en el estado tienen más de 110 centros asociados, de los cuales alrededor de 22 se encuentran en el municipio de Irapuato y en ellos hay alrededor de 150 personas internadas.
“Queremos pedirle a los encargados de seguridad que no nos abandonen, que sigan al pendiente de estos centros, pues se ha marcado una tendencia de que otra vez se han visto asesinatos dentro de centros o bien, se los llevan”, dijo.
NO PODEMOS CERRAR LOS OJOS
No se puede negar que el problema de las adicciones y su tratamiento tiene muchas aristas. Tampoco se puede cerrar los ojos a la realidad de que estos centros de rehabilitación incorporan a personas que pueden atraer problemas de seguridad a internos que no los tienen, que no cumplan con las disposiciones sanitarias necesarias para verdaderamente ayudar a los pacientes o bien, que en algunos casos puedan ser establecimientos que sólo sirvan para que los familiares sientan que hacen algo por su ser querido y paguen aunque el beneficio real sea limitado.
RECONCILIACIÓN, REGULACIÓN Y JUSTICIA
No se trata de “satanizar a los anexos” y menos a las personas que padecen una adicción o a sus familias. Se trata de que todos aportemos lo que podamos para inhibir un comportamiento que daña a los individuos, a la sociedad y provoca daños colaterales fatales.
A los tres órdenes de gobierno les toca regularizar este tipo de establecimientos y proteger a los ciudadanos. Al Congreso revisar los códigos y leyes que norman dichos centros, a la Fiscalía investigar eficientemente a los presuntos delincuentes y llevarlos ante la justicia y al Poder Judicial emitir sentencias ejemplares contra quienes han decidido romper el tejido de la sociedad porque les ha parecido que los costos de hacerlo son mínimos.
HERIDA ABIERTA
Fernanda Garduño, de El Sol de Irapuato, ha informado que la mayoría de las familias de los asesinados en Arandas dejaron de acudir a las audiencias judiciales porque a dos años del multihomicidio, el presunto responsable aún no ha sido sentenciado y en cada sesión a la que van es “sólo para escuchar una y otra vez cómo son quienes presuntamente acabaron con la vida de los jóvenes anexados.”
Así que, llegado el momento de estar cerca de estos problemas, todos podemos hacer algo para no llegar a estos límites que le quiebran la vida a todos los involucrados.
