La jornada electoral del domingo pasado se llevó a cabo, en términos generales, con la calma necesaria como para declarar válidas las elecciones; sin incidentes mayores. Si se declaran inválidas, no será por un ambiente generalizado de violencia o inseguridad públicas en las entidades federativas en que se celebraron elecciones. Se eligieron, 436 cargos de representación popular en seis entidades federativas: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas; en todas, la gubernatura estuvo en disputa.
En la organización de las elecciones y el conteo rápido de los votos, el hoy Instituto Nacional Electoral, así como los organismos públicos locales electorales funcionaron bien. Un cuarto de siglo de experiencia que lleva el INE lo avala. Su desafío, entonces, consiste en ser más eficientes, es decir, en hacer lo que saben hacer -o más- con menos recursos, o bien, disminuir significativamente erogaciones no vinculadas directamente con la función comicial.
Los análisis en medios informativos se han centrado en el porcentaje de votos recibidos por partidos políticos y coaliciones, pero no han revisado con la suficiencia y la alarma requeridas, los porcentajes de participación ciudadana. La califico de alarmante porque han sufragado, en números gruesos, cinco de cada diez electores; la mitad. ¿Qué pasa con la mitad omisa en el cumplimiento de su elemental y más sencillo deber ciudadano? ¿Por qué no salieron a votar? Podrá argumentarse, desde luego, que es un fenómeno normal y que así se registran los antecedentes nacionales e internacionales. Sin embargo, ¿así debe ser? ¿es correcto que la gente no tenga interés (en caso de que ese sea el supuesto) de lo que ocurre en su entorno amplio e incide en su ámbito directo de actuación?
El fenómeno de la participación ciudadana registrada en los comicios en comento invita a una reflexión para implementar medidas correctivas, toda vez que, a todas luces, estamos fallando los ciudadanos responsables en transmitir la importancia de la participación ciudadana en los asuntos públicos.
En ese orden de ideas, también se invita a la reflexión a las instituciones directamente vinculadas con la educación cívica y la participación política, es decir, a la Secretaría de Educación Pública, a los propios institutos electorales y a los partidos políticos, toda vez que, a la luz de los datos, se requiere reforzar la concientización en torno a la ciudadanía, la educación cívica, así como fomentar el ejercicio de derechos políticos.
Así, pues, el análisis y las proyecciones en torno a los votos obtenidos por los partidos políticos y las coaliciones son importantes, pero toral resulta el correspondiente a la participación ciudadana que, en principio y cuya finalidad, legitima el ejercicio del poder público: se cuenta o no con el respaldo popular. Cierto: así son las reglas democráticas en el Estado constitucional en el que vivimos.
El gran y primer desafío consiste en responder la siguiente interrogante: ¿Cómo hacer para que la ciudadanía participe? La respuesta que advierto involucra muchas instituciones, dimensiones, ámbitos de competencia. La tarea, entonces, no es sencilla, pero debemos comenzar ya a solucionar la problemática.
