SAÚL GARCÍA CORNEJO
La tómbola del olvido…
Con los vientos y giros en el senado de la República, y el marcado protagonismo de Noroña, en torno al asunto de la Judicatura Federal y sus implicaciones, desde luego de toral importancia, al mismo tiempo un distractor para otros asuntos, como la implementación de una nueva estrategia –aunque al estilo actual, un tanto difusa adrede, para ver sí pega o qué tanto-; se aprobó la “reclasificación” de paraestatales, ahora a empresas públicas, de Pemex y CFE.
¿Qué implica? Las paraestatales, son empresas de participación estatal mayoritaria y así las determina la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Sin embargo, no trabajan por delegación de facultades, sino se rigen por disposiciones legales de carácter general, según su naturaleza o campo de actividad, aunque sí trabajan para el Estado, sin ser parte de éste (Es una ficción jurídica administrativa). Pero, podrán decir ustedes, estimados lectores de cualquier género o condición, ¿No es la misma “gata”? ¿Qué cambia de ser paraestatal a empresa pública?
Se debe empezar por decir que, la administración de esas dos paraestatales, no era centralizada, con la idea de no congestionar, precisamente, al Estado, dejando a Pemex y CFE, llevaran sus funciones a cabo, aunque no se trata de que lo hicieran de manera libre, a modo de cualquiera otra empresa privada. Así, esa estrategia de la Administración Pública moderna, alivia un tanto la carga administrativa directa o centralizada, al Gobierno Federal.
El problema ha sido hasta la fecha, que la administración de esas empresas paraestatales, ha tenido y tiene sus bemoles, básicamente en la administración financiera y económica, porque generan déficit. Sobre todo y de manera exponencial, Pemex, está en quiebra (Se le calcula una deuda que oscila en los $99,400 millones de dólares). Por lo pronto, la gasolina está más cara, no bajó y parece que no lo hará. Por cierto Pemex no regula los precios de los combustibles fósiles a su cargo. Lo hace la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Sumen a esto, la determinación del precio final lo ajusta dicha Comisión, por “regiones”.
En otras oportunidades, aquí se ha señalado –aunque resulte obvio- que hay varios factores para establecer en primera instancia el precio de tales combustibles: 1.- El precio del petróleo no lo determina México, sino se tasa con un factor de importación (75.97 USD/OPEPxbarril) –con todo y que obtiene por extracción un tipo de crudo, y además varía según la calidad; según datos fidedignos se importa de un 60 a 70 de gasolina para consumo interno-; Luego, 2.- Se suman costes de distintas actividades en la cadena de valor: El precio del energético (En el argot financiero, se llama “precio de la molécula”), los costes de logística primaria (buque, pipa, tren, ducto y/o terminal marítima o terrestre), importación (margen del importador, agente aduanal, trasvase, maniobras, otros); logística secundaria (buque, pipa, tren, ducto y/o terminal marítima o terrestre dentro del país); distribución (o “última milla”), desde la terminal a las gasolineras por medio de pipas; y 3.- Margen de la gasolinera que expende al público, e impuestos; (Sin contar la corrupción, que igual tiene un coste “no escrito o registrado”, pero se dan sus mañas para “cobrar”, ni tampoco el "guachicol"). Y faltaría considerar los subsidios, sin lo que la gasolina estaría más cara. Tampoco vamos estar muy agradecidos por los manejos y precios. No vayan a decir en la 4T: “Quién les manda andar en coche”. En fin.
El gobierno federal, ni antes ni ahora, ha dado explicaciones suficientes del estado financiero y menos del por qué trabajan en números rojos, sobre todo que reciben ingresos millonarios diarios, y que decir de créditos y otras cuestiones como el impago a proveedores, contratos leoninos y bajo corrupción. Confirmando que los políticos son pésimos administradores y vaya, sin cargarles la sustracción sistemática de los recursos para asuntos ajenos, muy ajenos al cometido de tales “empresas oficiales”.
Según algunos analistas, ya en contra o en favor, señalan que por una parte es una movida para atraer la deuda ya en forma directa al gobierno, es decir convertirlo más claramente en deuda pública, y así, buscar el famoso “rescate”. Lo que en números parece imposible: ¿De dónde, con más carga fiscal para los contribuyentes, subiendo el precio de los combustibles y los energéticos?
LA CONDICIÓN SINE QUA NON: Dice el viejo adagio: “Cuentas claras, amistades largas”. Si quieren que los mexicanos estemos acordes, se requiere transparencia y no secrecía. Rendición de cuentas, manejos eficaces y eficientes de los recursos y no tanta corrupción. Es lo que hay. Cuídense mucho, el demoño colorado, anda suelto.
