/ domingo 6 de enero de 2019

SINE QUA NON

Cartas al Presidente…

En anteriores oportunidades desde esta palestra, como ustedes que siguen estas colaboraciones saben bien, envíe tres misivas al entonces sólo Presidente Electo, don Andrés Manuel López Obrador, ahora qué ya tomó posesión de su mandato y se le puede llamar con toda justeza Presidente Constitucional de México, continuaré. La intención es la misma: Llamar su atención y proponerle algunas soluciones a los problemas que nos aquejan, aunque sea por lo pronto, casi de forma enunciativa, aunque sin que signifique limitación, lo que se entiende por razón de espacio en esta columna.


Exista una fórmula en la administración –pública o privada- que tiende a llevar y buscar la concreción de los objetivos programados o planificados: La supervisión. Se puede nominar también como “control, vigilancia, monitoreo” etcétera. Y éstas tienen incluso algunas variantes, la más significativa es obtener un resultado que nos lleve a saber sí estamos o no, cumpliendo el objetivo, si llegamos a la meta impuesta y luego, aplicar correctivos o hasta sanciones y premios, según sea el caso.


En la administración pública se le ha llamado en nuestro medio de distintas formas, a veces hasta imitando ejemplos de otras naciones. Es llamada “contraloría”, que obedece a las normas o reglamentos internos y que por lo general depende de algún modo de la administración central o general. Una forma novedosa fue sin duda el sistema del llamado “Ombudsman” que fue constituido con la idea específica de “cuidar” que las Autoridades en el Poder Ejecutivo, respetarán los Derechos Humanos de los gobernados, enviando “recomendaciones” a aquéllas, para resaltar cómo, por qué y la forma de salvar las violaciones de dichos deberes, aunque sin vinculación u obligatoriedad.


Otra forma de vigilancia y que iba más allá de la mera recomendación, es la que establecía la Constitución Mexicana, en el párrafo tercero del artículo 97, para que en algunos casos muy específicos interviniera la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una especie de “Ombudsman Judicial”, para mediante “comisionados especiales” indagar sobre las actuaciones de jueces o magistrados que pudieran constituir violaciones de las garantías constitucionales de los justiciables, la violación del voto público ciudadano y algún delito federal. En la actualidad, en una redacción vaga y creo que a modo de eludir el alcance señalado, el texto marca que sea mediante “solicitud” de la SCJN, al Consejo de la Judicatura Federal, se averigüe la conducta (SIC) de algún juez o magistrado federal.


El problema sigue: La falta de verdadera independencia, ésa que ahora gritan a los cielos, los ministros de la SCJN, en razón de que, dicen, les afectaría si bajan sus emolumentos. Dependencia que sigue afectando en las otras esferas aquí señaladas. Porque como dicta la sabiduría popular: “Cómo dar patadas al pesebre”. En fin.


CARTA NÚMERO 5, AL PRESIDENTE:

Entendemos y aceptamos, en principio, que toda administración requiere ser supervisada para saber su avance, su retroceso o estancamiento. Y por ello, existen diversos organismos, incluso que se presumen descentralizados o independientes como son: Comisión Nacional de Derechos Humanos, Procuraduría Federal del Consumidor, Contraloría Federal, Contraloría Social, Auditoría Superior de la Federación, Secretaría de la Función Pública y otras similares, al igual sus homólogas en los Estados. No todos sancionan.


Usted ha dicho qué la tarea de indagar o perseguir y sancionar corruptos, es de tan gran envergadura que es casi imposible y por ello, empezará de aquí en adelante, pues no habría jueces ni reclusorios suficientes, amén de que la “oposición” no le daría así, respiro y tendría que ocupar un tiempo valioso en dicha labor, mientras hay otras problemáticas de gran importancia.


Parcialmente de acuerdo. Sin embargo, hay solución y es por medio de una fórmula democrática, que aunque incipiente en México, es la mejor opción: UNA CONTRALORÍA CIUDADANA. Y qué además ya tiene sustento constitucional.


La Contraloría Ciudadana, es un proyecto de estrategia con participación ciudadana para favorecer la rendición de cuentas, la vigilancia del buen ejercicio y aplicación de los recursos públicos en los diferentes ámbitos de la administración pública en sus tres niveles, que incidan –inicialmente- en nuestro Municipio.


Aquí en Celaya, un grupo de ciudadanos estamos afinando este proyecto, que ponemos a sus disposición y cuyos objetivos generales, son: 1.- La Contraloría Ciudadana, se compondrá de grupos ciudadanos de perfil demócrata, conformados en principio por beneficiarios, usuarios, contribuyentes y habitantes de Celaya, de la zona Laja-Bajío, después del Estado de Guanajuato y la República Mexicana; con la finalidad de vigilar, supervisar, evaluar y dar seguimiento a las acciones en materia de infraestructura social, cultural, económica, y de las políticas públicas que se generen o produzcan, y opinar o coadyuvar y gestionar las que se requieran; 2.- Promover, difundir y concretar la participación ciudadana en los asuntos de interés público, afianzando la democracia participativa, de cara a las Autoridades, funcionarios y todo ente, u organismo de gobierno en sus tres niveles; 3.- Promover, difundir y exigir en forma pacífica, legal y ordenada la transparencia y rendición de cuentas de toda autoridad, funcionario u organismo de gobierno en sus tres niveles; 4.- Promover y difundir ante la ciudadanía una cultura cívica, con respeto a los derechos y en cumplimiento de las obligaciones, en forma pacífica, informada, responsable y, propositiva, de manera enunciativa, no limitativa; 5.- Vigilar, prevenir y/o denunciar irregularidades, incumplimientos, nepotismo, desvío de recursos, mala calidad de obras e infraestructura social, cultural, de servicios públicos y todo aquello que incida en el desarrollo social, cultural, económico y político; 6.- Vigilar, prevenir y/o denunciar que los programas públicos inherentes al ejercicio gubernativo, no se utilicen con fines políticos-partidistas, electorales, de lucro privado o religiosos y con otros usos, destinos o finalidades ajenas al ejercicio público; 7.- Solicitar en tiempo y forma, la información pública y/o gubernamental que sirva a los propósitos de ésta Contraloría Ciudadana.


Perfil requerido: a).- Ser mexicanos, ciudadanos en pleno ejercicio de sus derechos y obligaciones. Con domicilio en esta localidad y/o en cualquier parte de la República Mexicana; b).- Ser ciudadanos con representación o reconocimiento social o político o académico o de opinión pública, o comunicadores, en el municipio de Celaya, en la región Laja-Bajío, en el Estado de Guanajuato y en la República Mexicana; c).- Ser honestos y sin antecedentes penales; d).- No ostentar o detentar ningún cargo público, ni de ningún órgano o instituto partidista-político o religioso; f).- Ser demócratas; g).- Tener actitud y aptitud independiente, sin servilismo ni servidumbres. Tener libre disposición para defender y exigir respeto a los Derechos Humanos, en igualdad y fraternidad, sin distingo por razones de edad, género, condición social, cultural, ideológica o económica, o física.


Atentamente los 32,330 que votamos por su proyecto, en el distrito XV electoral del Estado de Guanajuato y los que se sumen.

Cartas al Presidente…

En anteriores oportunidades desde esta palestra, como ustedes que siguen estas colaboraciones saben bien, envíe tres misivas al entonces sólo Presidente Electo, don Andrés Manuel López Obrador, ahora qué ya tomó posesión de su mandato y se le puede llamar con toda justeza Presidente Constitucional de México, continuaré. La intención es la misma: Llamar su atención y proponerle algunas soluciones a los problemas que nos aquejan, aunque sea por lo pronto, casi de forma enunciativa, aunque sin que signifique limitación, lo que se entiende por razón de espacio en esta columna.


Exista una fórmula en la administración –pública o privada- que tiende a llevar y buscar la concreción de los objetivos programados o planificados: La supervisión. Se puede nominar también como “control, vigilancia, monitoreo” etcétera. Y éstas tienen incluso algunas variantes, la más significativa es obtener un resultado que nos lleve a saber sí estamos o no, cumpliendo el objetivo, si llegamos a la meta impuesta y luego, aplicar correctivos o hasta sanciones y premios, según sea el caso.


En la administración pública se le ha llamado en nuestro medio de distintas formas, a veces hasta imitando ejemplos de otras naciones. Es llamada “contraloría”, que obedece a las normas o reglamentos internos y que por lo general depende de algún modo de la administración central o general. Una forma novedosa fue sin duda el sistema del llamado “Ombudsman” que fue constituido con la idea específica de “cuidar” que las Autoridades en el Poder Ejecutivo, respetarán los Derechos Humanos de los gobernados, enviando “recomendaciones” a aquéllas, para resaltar cómo, por qué y la forma de salvar las violaciones de dichos deberes, aunque sin vinculación u obligatoriedad.


Otra forma de vigilancia y que iba más allá de la mera recomendación, es la que establecía la Constitución Mexicana, en el párrafo tercero del artículo 97, para que en algunos casos muy específicos interviniera la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una especie de “Ombudsman Judicial”, para mediante “comisionados especiales” indagar sobre las actuaciones de jueces o magistrados que pudieran constituir violaciones de las garantías constitucionales de los justiciables, la violación del voto público ciudadano y algún delito federal. En la actualidad, en una redacción vaga y creo que a modo de eludir el alcance señalado, el texto marca que sea mediante “solicitud” de la SCJN, al Consejo de la Judicatura Federal, se averigüe la conducta (SIC) de algún juez o magistrado federal.


El problema sigue: La falta de verdadera independencia, ésa que ahora gritan a los cielos, los ministros de la SCJN, en razón de que, dicen, les afectaría si bajan sus emolumentos. Dependencia que sigue afectando en las otras esferas aquí señaladas. Porque como dicta la sabiduría popular: “Cómo dar patadas al pesebre”. En fin.


CARTA NÚMERO 5, AL PRESIDENTE:

Entendemos y aceptamos, en principio, que toda administración requiere ser supervisada para saber su avance, su retroceso o estancamiento. Y por ello, existen diversos organismos, incluso que se presumen descentralizados o independientes como son: Comisión Nacional de Derechos Humanos, Procuraduría Federal del Consumidor, Contraloría Federal, Contraloría Social, Auditoría Superior de la Federación, Secretaría de la Función Pública y otras similares, al igual sus homólogas en los Estados. No todos sancionan.


Usted ha dicho qué la tarea de indagar o perseguir y sancionar corruptos, es de tan gran envergadura que es casi imposible y por ello, empezará de aquí en adelante, pues no habría jueces ni reclusorios suficientes, amén de que la “oposición” no le daría así, respiro y tendría que ocupar un tiempo valioso en dicha labor, mientras hay otras problemáticas de gran importancia.


Parcialmente de acuerdo. Sin embargo, hay solución y es por medio de una fórmula democrática, que aunque incipiente en México, es la mejor opción: UNA CONTRALORÍA CIUDADANA. Y qué además ya tiene sustento constitucional.


La Contraloría Ciudadana, es un proyecto de estrategia con participación ciudadana para favorecer la rendición de cuentas, la vigilancia del buen ejercicio y aplicación de los recursos públicos en los diferentes ámbitos de la administración pública en sus tres niveles, que incidan –inicialmente- en nuestro Municipio.


Aquí en Celaya, un grupo de ciudadanos estamos afinando este proyecto, que ponemos a sus disposición y cuyos objetivos generales, son: 1.- La Contraloría Ciudadana, se compondrá de grupos ciudadanos de perfil demócrata, conformados en principio por beneficiarios, usuarios, contribuyentes y habitantes de Celaya, de la zona Laja-Bajío, después del Estado de Guanajuato y la República Mexicana; con la finalidad de vigilar, supervisar, evaluar y dar seguimiento a las acciones en materia de infraestructura social, cultural, económica, y de las políticas públicas que se generen o produzcan, y opinar o coadyuvar y gestionar las que se requieran; 2.- Promover, difundir y concretar la participación ciudadana en los asuntos de interés público, afianzando la democracia participativa, de cara a las Autoridades, funcionarios y todo ente, u organismo de gobierno en sus tres niveles; 3.- Promover, difundir y exigir en forma pacífica, legal y ordenada la transparencia y rendición de cuentas de toda autoridad, funcionario u organismo de gobierno en sus tres niveles; 4.- Promover y difundir ante la ciudadanía una cultura cívica, con respeto a los derechos y en cumplimiento de las obligaciones, en forma pacífica, informada, responsable y, propositiva, de manera enunciativa, no limitativa; 5.- Vigilar, prevenir y/o denunciar irregularidades, incumplimientos, nepotismo, desvío de recursos, mala calidad de obras e infraestructura social, cultural, de servicios públicos y todo aquello que incida en el desarrollo social, cultural, económico y político; 6.- Vigilar, prevenir y/o denunciar que los programas públicos inherentes al ejercicio gubernativo, no se utilicen con fines políticos-partidistas, electorales, de lucro privado o religiosos y con otros usos, destinos o finalidades ajenas al ejercicio público; 7.- Solicitar en tiempo y forma, la información pública y/o gubernamental que sirva a los propósitos de ésta Contraloría Ciudadana.


Perfil requerido: a).- Ser mexicanos, ciudadanos en pleno ejercicio de sus derechos y obligaciones. Con domicilio en esta localidad y/o en cualquier parte de la República Mexicana; b).- Ser ciudadanos con representación o reconocimiento social o político o académico o de opinión pública, o comunicadores, en el municipio de Celaya, en la región Laja-Bajío, en el Estado de Guanajuato y en la República Mexicana; c).- Ser honestos y sin antecedentes penales; d).- No ostentar o detentar ningún cargo público, ni de ningún órgano o instituto partidista-político o religioso; f).- Ser demócratas; g).- Tener actitud y aptitud independiente, sin servilismo ni servidumbres. Tener libre disposición para defender y exigir respeto a los Derechos Humanos, en igualdad y fraternidad, sin distingo por razones de edad, género, condición social, cultural, ideológica o económica, o física.


Atentamente los 32,330 que votamos por su proyecto, en el distrito XV electoral del Estado de Guanajuato y los que se sumen.

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