Sine qua non

La Justicia: ¿Flor en el Desierto?

En México, con grandes juristas, con pensadores o filósofos proclives al humanismo, con leyes cuasi perfectas, con oradores políticos dignos del novel, con batallas cruentas pro la libertad o la dignidad, la igualdad, el bienestar, etc., ¿Qué se puede decir de la Justicia? ¿Es cosa de estatus? Al menos así parece cada vez que vemos en el banquillo a personajes encumbrados en la política o en el sistema y al que se roba una gallina para llevar alimento a la mesa familiar, por razón de pobreza desesperada. Y por supuesto, no es un problema nuevo ni exclusivo de nuestro País. Vaya, hasta en la literatura universal se ha destapado el asunto, como podemos recordar a Víctor Hugo (Los Miserables), o don Manuel Payno (Los bandidos de río frío), novelas que narran vicisitudes y desgracias de hombres y mujeres, que involucran la Justicia, o mejor decir: ¡La injusticia!

¿Qué pasa cuando los asuntos relativos a la Justicia, se politizan? Es hoy en el caso del exfuncionario de Pemex, un personaje al que el imaginario social no considera inocente, por más que así se tome hasta demostrar lo contrario (Presunción de inocencia, como marca la Constitución y las leyes penales, por razón de Derechos Humanos, a final un tanto contradictorio con la realidad delincuencial).

El fondo: La búsqueda de credibilidad. Eso es lo que mueve a politizar el caso Lozoya. El Presidente de México debería abstenerse de estar opinando y más, que parece desconocer -o peor, no le interesa- la secuela procesal: La impunidad “legalizada”. (No se sorprendan, no es licencia periodística, ni ocurrencia, me refiero al “criterio de oportunidad” hoy en boga, que puede llevar a una absolución o minimizar la penalidad, y que resultaría políticamente en llevar agua al molino electoral del 2021).

En lugar de que la ley aplicable, calificara como delitos de alto impacto casos como el que se comenta. Pero no. El “costo” es menor a la “ganancia”, pues un delincuente como el aludido, no vería mermado lo sustraído a Pemex, o lo obtenido de la análoga brasileira y la condena (costo) sería menor. Esa sí es una situación que el Congreso Federal –y por supuesto AMLO- deberían atender, puesto que imponer penalidad alta, es decir coloquialmente, “aumentar el costo”, debería inhibir la comisión de delitos de ese tipo. Otra, es que la prescripción es también de un término bajo, como ya he comentado antes. Produce pues, una impunidad relativa y solapada por leyes a modo.

Otro ejemplo contrario; El caso de Rosario Robles, que parece más una “vendetta” política, que un gran problema de desfalco si lo comparamos con el aludido Emilio L., pero que, con Rosario, el Presidente camina con paso de gato. ¿Es cuestión de estatus, o de conveniencia coyuntural política?

LA CONDICIÓN SINE QUA NON: La Justicia no debe ser “flor de un día”. Ni tampoco estar supeditada al mero sentir del Presidente, ni al capricho popular –por más que sí es una añeja exigencia social, no se debe jugar con la esperanza del Pueblo, por aquello de una supina encuesta para decidir aplicar la Ley, sobre todo en delitos prescritos-. La realidad es otra, en México impera la impunidad y la Justicia es flor en el desierto. Ahí el meollo: Hacer leyes más duras, en lugar de politizar. Cuídense mis estimados, que la Pandemia y la delincuencia no amainan, ni hay “giro de timón”.