Hablemos hoy de los delitos ambientales, como toda acción que tiene un impacto negativo en el medio ambiente, agua, suelo, aire, tráfico de especies y más, todos ellos son judicializables, existen las leyes y las instituciones que debieran de darle cumplimento a la misma, pero tristemente la justicia no se aplica, una de las principales razones, es que la autoridad competente depende del estado y por tanto no tiene autonomía para sancionar al propio gobierno que en muchos casos, son los promotores de estas obras.
Dos Bocas, el Tramo 5 del tren maya y miles de obras más a lo largo y ancho del territorio nacional, dan muestra de ello, veía imágenes impactantes del desmonte que se hizo en dos bocas y la inmensa devastación de la zona y uno queda aterrado cuando sabes que el provocador de todo esto, es la propia autoridad, ahí hay dos delitos tipificados en el código penal, de 6 a 9 años de prisión al que desmonte o destruya una extensión natural y en el artículo cuarto, se impondrá pena de 2 a 10 años de prisión al que dañe manglares, ahí se arrasó con 80 hectáreas de ellos, la pregunta es, ¿qué autoridad está vigilando y quién se atreverá a sancionar?
Hay muchos delitos sin tipificarse, como el daño que causa Pemex y las mineras, a quienes nadie ve como delincuentes ambientales, pero lo son, pues existe una gran brecha entre la sanción al ciudadano común por podar un árbol y la no sanción a las grandes empresas, uno es igual delito que el otro, pero la magnitud del impacto eco sistémico no se puede comparar.
Profepa ha reducido desde el sexenio pasado de manera muy importante su institucionalidad y sus presupuestos, no hay suficientes inspectores para perseguir todos los delitos en México, de mil que tenían al término del sexenio pasado, hoy sólo queda la cuarta parte para darle cobertura a todo el país, pareciera que quieren eliminar a quienes puedan aplicar la norma.
Pero cuando son los ciudadanos o defensores ambientales los que señalan estos hechos, ¿qué tan seguro es México para hacer estas manifestaciones?, le doy algunos datos.
En el 2021, se firmó el acuerdo de Escazú que habla de la justicia ambiental, es decir de llevar a un tribunal, todo aquello que lastime al medio ambiente, los defensores ambientales, enfrentan un enorme reto por su defensa de derechos humanos, México, Colombia y Brasil, son los países donde se registra el mayor número de muertes de defensores ambientalistas, pues las autoridades les atacan en lugar de darles garantías de protección.
Sorprendentemente en todos los temas relacionados con el medio ambiente, hay enormes negocios millonarios detrás y en muchos de ellos, las mafias involucradas, llámese contrabando, narcotráfico y grupos criminales inmiscuidos, por ejemplo la pesca ilegal, la cual representa una industria de miles de millones de dólares al año, y en muchos casos el traslado de narcóticos en las inmensas embarcaciones, falsificación de permisos para pescar en zonas de veda o pesca de especies no permitidas, un grave problema mundial, para satisfacer la alta demanda de alimentos marinos de la humanidad.
Sólo por debajo del tráfico de armas, drogas y trata de personas, se encuentra el gran negocio que representa el tráfico de especies y es que nuestro país tiene todo, una gran biodiversidad, la mayor cantidad de litorales y los mayores recursos naturales, esto implica una mayor vulnerabilidad, ya que por su ubicación geográfica se considera un país de origen, de tránsito y de destino, así que para las organizaciones criminales es muy atractivo.
Hoy igual asesinan a los defensores ambientales estas mafias, que la indiferencia de la autoridad y la falta de protección a las zonas que han habitado por siglos, está el caso de Chihuahua y su comunidad raràmuri, donde 13 activistas al día de hoy han sido asesinados y decenas más están presos, su único delito ha sido la defensa de su hogar, del sitio que les pertenece y el cual han preservado por siglos, estas comunidades indígenas son las que menos acceso a la justicia tienen, en muchos casos ni siquiera un defensor que hable su propio dialecto.
“La mayor letra muerta en la legislación mexicana, está en la ley ambiental”, decía con desesperación Gustavo Alanís Ortega, integrante del consejo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, CEMDA, organización no gubernamental, que desde hace 28 años trabaja para la defensa del medio ambiente y los recursos naturales, fue fundada en agosto de 1993, en el contexto de la firma del Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos.
La complicidad de las autoridades con los grandes empresarios que sólo manifiestan interés por los desarrollos industriales, habitacionales y más es desgarradora, 27% de los defensores mexicanos sufren intimidaciones, 18% hostigamiento, 10% agresiones físicas, 9% homicidios y ahí es donde debemos detenernos y preocuparnos por esta realidad, sólo en 2020 asesinaron a 18 activistas ambientales, pero para 2021, la cifra creció a 25, que nos espera para 2022, si no comenzamos a fortalecer a las organizaciones no gubernamentales, donde están los más expertos en la materia para defender lo poco que nos queda de naturaleza en nuestro paìs.
Y es que según la legislación ambiental, en el artículo 189, manifiesta que cualquier ciudadano puede presentar una denuncia ciudadana, si siente que se está causando un daño ambiental, sólo le pregunto una cosa, ¿cuantos años ha vivido en Celaya y ha tolerado igual que yo los fétidos olores de Bachoco y más industrias de la región, y cuando hemos hecho algo?
Sabía usted que México no cuenta con una norma de olores, entonces porque nuestros diputados están tan preocupados legislando otros temas, cuando lo más esencial que requerimos para sobrevivir a la inseguridad y otros males, es mínimo un aire limpio que respirar, se imagina la calidad de aire y de vida que tienen los pueblos aledaños a la ribera del rio Lerma por la zona del estado de México, donde los olores a drenaje y suciedad son terribles y así han estado por muchos años, sin que nadie resuelva esa situación.
Terminaría diciéndole que 58 defensores ambientales han sido atacados en lo que va de la presente administración federal, los estados de donde son originarios son Oaxaca, Guerrero, Sonora y Morelos, el 50% de ellos son integrantes de alguna comunidad indígena, por sector el 18% es del sector minero, el 17% relacionado con temas de agua y el 16% asuntos de energía eléctrica.
Conclusión, no hay una aplicación efectiva de la regulación ambiental en México y las políticas públicas no nos encaminan a una toma de decisiones más conscientes de la situación que enfrentamos, nuestro país, va en contrasentido con respecto al resto del mundo, mientras que hay países que en 2025 eliminarán definitivamente el uso de gasolinas, México está invirtiendo en refinerías, incluso hoy instituciones bancarias de países desarrollados, han anunciado el no financiamiento de proyectos de combustibles fósiles.
Unámonos en un movimiento social, a favor de nuestro país.
