La salud es un tema también, de dignidad. Vida sin salud razonablemente aceptable, que permita movilidad y, sobre todo, dignidad, no es vida; de hecho, una vida digna, que lleva de suyo la salud antedicha, es presupuesto para el respeto y ejercicio de los derechos humanos.
El artículo 4, párrafo cuarto, constitucional, establece categóricamente que toda persona que se encuentre en territorio mexicano, tiene derecho a la protección de la salud, de lo que se sigue que el Estado tiene la correlativa obligación de proporcionarla.
Hasta el siglo pasado, en México era práctica común condicionar el acceso a institutos de salud y medicinas a que se contara con un trabajo, así, si el patrón era un particular, se tenía acceso al Instituto Mexicano del Seguro Social, y si lo era el Estado, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado.
Fue con el presidente Fox cuando se creó el Seguro Popular, desvinculando el acceso a la salud con la tenencia de trabajo. Cerca de dos décadas vistas, se dice que el seguro popular era fuente de corrupción, por lo que los poderes Legislativo y Ejecutivo federales decidieron cancelarlo y crear un nuevo instituto con la pretensión de cumplir con el mandato constitucional; se creó el Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI. La idea es que la nueva institución brinde el servicio público inherente a la salud y la aspiración, que lo haga como en los países nórdicos. Sin embargo, las reglas para su operación no son claras, lo que genera dudas, angustia e incertidumbre jurídica, con consecuencias mayores para quienes lo padecen directamente, los usuarios del seguro popular.
Ahora, si bien es cierto, el Estado debe garantizar la protección de la salud, no menos cierto es, que ésta puede ser proporcionada por servicios privados, si el usuario correspondiente elige y puede pagarla, es decir, se trata de un tema de libertad y capacidad económica, en ese orden. Así, si un servidor público elige atenderse en el ISSSTE, es tan válido como si decide atenderse en cualquier hospital privado nacional o extranjero, finalmente se trata de una cuestión de su fuero interno, del ejercicio de su libertad que no afecta la praxis gubernamental.
Por supuesto que los servicios de salud y las consecuentes medicinas no son gratuitas en ningún lugar del mundo; si se elige la opción del sector público, estas son sufragadas de la gran bolsa de recaudación de impuestos; si se opta, en cambio, por servicios privados, además de pagar los impuestos correspondientes, en tanto cumplimiento a la obligación de todo mexicano, deberá pagarse el servicio privado. De ahí que en muchas ocasiones se elija el servicio público, no solamente porque ya se encuentra pagado, sino por ser mejor. A guisa de ejemplo quiero citar la Universidad de Guanajuato, universidad pública, que se mantiene fundamentalmente del presupuesto público y que son de las mejores de México y del mundo, luego, tanto padres de familia como potenciales alumnos, suelen preferirla por sobre algunas instituciones privadas.
La salud, derecho universal e igualitario, esa es la aspiración. Esperemos que pronto sean resueltos los inconvenientes inherentes a la implementación del INSABI, pues los errores en esta materia cuestan vidas, generalmente de los menos responsables.
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