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DEL DERECHO A CONOCER LA VERDAD

  • LIC. JOSE CARLOS GUERRA AGUILERA

DEL DERECHO A CONOCER LA VERDAD.

Lic. José Carlos Guerra Aguilera

“Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de carácter enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, los tratados y las leyes aplicables en materia de atención a víctimas, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos.

Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos:

  1. A una investigación pronta y eficaz que lleve, en su caso, a la identificación y enjuiciamiento de los responsables de violaciones al Derecho Internacional de los derechos humanos, y a su reparación integral;
  1. A ser reparadas por el Estado de manera integral, adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño o menoscabo que han sufrido en sus derechos como consecuencia de violaciones a derechos humanos y por los daños que esas violaciones les causaron;

III. A conocer la verdad de lo ocurrido acerca de los hechos en que le fueron violados sus derechos humanos para lo cual la autoridad deberá informar los resultados de las investigaciones; (…)”

Artículo 7 de la Ley General de Victimas.

JOSE CARLOS GUERRA AGUILERA.

1.- En el párrafo 1039 de la sentencia de un Tribunal Colegiado de Circuito, del 31 de Mayo de este año, del caso Ayotzinapa, se establece: “Ahora, la investigación debe estar orientada a la obtención de la verdad.”

2.- ¿Y qué es la verdad? Podría indicarse sin profundizar que es tener la certidumbre de algo o certificar una cosa, con expresión clara y sin subterfugio. La palabra verdad hasta el 2014 se encontraba en 189 ordenamientos. Está tres veces en la Constitución, pero no en cuanto a un camino o un fin o un procedimiento, sino en cuanto a una protesta. Está cuatro veces en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en igual forma. En la casi desconocida Ley General de Victimas está en no menos de 27 veces la palabra verdad. Pero la sentencia no analiza entre otros el artículo 5 de esa ley que indica la obligación del Estado de “(…) realizar todas las actuaciones necesarias dentro de un tiempo razonable para lograr el objeto de esta Ley, en especial la prevención, ayuda, atención, asistencia, derecho a la verdad, justicia y reparación integral a fin de que la víctima sea tratada y considerada como sujeto titular de derecho.”

3.- Y en el párrafo 1040, de la misma sentencia se indica: “La importancia del derecho a la verdad se ha reiterado en criterios recientes, como el contenido en la sentencia de 31 de agosto de 2017, al dictar la sentencia del Caso Vereda La Esperanza contra Colombia.” Tuvo razón en usar ese argumento jurídico y más aun cuando ha habido muchas Comisiones de Verdad en América, por ejemplo: La Comisión Nacional de Investigación de Desaparecidos Forzados (1982) de Bolivia; la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) o “Comisión Sábato” (1983) de Argentina; la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia (2005) de Colombia; la  Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura o “Comisión Valech” (2003); El Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura o “Informe de la Comisión Valech“; La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (1990) el Informe Rettig de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación en Chile. Si el Tribunal Colegiado consideró necesario el nacimiento de una Comisión de la verdad, es porque duda totalmente de que la PGR pueda buscar la verdad, en este caso. Es decir no se cree en la Procuración de Justicia en ese caso.

4.- Sin embarga extraña en cierto modo la cortesía en la forma de pedir, ya que en la sentencia se indica en el párrafo 1241: Por tal motivo, de la manera más atenta y respetuosa, se le solicita al señor Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, gire instrucciones a todas las Secretarías y dependencias que integran su gabinete, para que en el marco de sus respectivas atribuciones, se sirvan prestar el apoyo y demás facilidades que requiera la referida comisión, para el logro de su cometido.”

 5.- Hubiera preferido un todo imperativo. La majestad de la ley obliga a ser tajante. Dentro del respeto entre poderes una forma menos dulce hubiera sido mejor; indicar que se sirvan prestar apoyo y demás facilidades me parece ajeno a la sentencia histórica, que debe marcar un hito, que debe prosperar, que debe ser acatada para que se busque la verdad soterrada. Aun cuando no se llegue a ella, hay que caminar siempre hacia ese vértice. En el Salmo 15.2 leo; “Solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad; que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo, ni le acarrea desgracia a su vecino.”

6.- En verdad me gustaría que en todos los juicios de amparo en que hay violaciones a la Constitución en agravio de un particular, los jueces de Distrito y los Tribunales Colegiados, con valentía, deberían incitar al Ministerio Público para la consignación del culpable, algo que no han hecho nunca. En realidad la sentencia implica una reprobación a la conducta de la PGR y a las prácticas contra la Ley, de los Ministerios Públicos Federales, lo cual es muy grave.

7.- Con cuánta razón el que fuera Ministro Guillermo Guzmán Orozco sentenció: “(…) los Jueces de amparo no deben hacer de la técnica de ese juicio un monstruo del cual se pueda hablar académicamente, pero que resulte muy limitado en la práctica para la protección real y concreta de los derechos constitucionales real y concretamente conculcados. De donde se desprende que las normas que regulan el procedimiento constitucional deben interpretarse con espíritu generoso, que facilite el acceso del amparo al pueblo gobernado. (…)” (Tesis de jurisprudencia número 28 del Informe 1976, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, página 66, con rubro: “AMPARO, FINALIDAD Y NATURALEZA DEL”.) Después de tantas mentiras, de tratar de desaparecer la verdad, es un respiro leer una sentencia en mucho ejemplar, que al menos demuestra que aún hay jueces en México.