imagotipo

Demandas frívolas

  • CP. GERMAN RODRIGUEZ L

Germán Rodríguez L.

Se parte de la idea de que las instituciones gubernamentales, todas, son creadas para que con su operación se beneficie al pueblo, al elemento humano del Estado, su origen y finalidad, la fuente de su sostenimiento mediante el pago de tributos, en suma, su ratio essendi o razón de ser.

Las instituciones gubernamentales generalmente cuentan con recursos limitados, en ocasiones insuficientes para dar respuesta satisfactoria y oportuna a la demanda popular, por tanto, el mandato (convertido en principios que rigen el ejercicio del gasto público) consignado en el artículo 134 constitucional indica que los recursos económicos (yo agrego, humanos y tecnológicos) con que cuenten los entes públicos deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía transparencia y honradez; por su parte, pero vinculados, se encuentran los principios que rigen el servicio público, establecidos en el artículo 113 del mismo texto constitucional: legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.

Tal parece que los conceptos previos pasan a segundo término por parte de actores políticos cuando se trata de salir en la foto, promocionarse en los medios e intentar proyectar la idea de decencia, erigiéndose como prototipo de la legalidad y la institucionalidad. Todo, preferentemente en un contexto de proceso electoral inminente, en curso o recién culminado.

Es absurdo el planteamiento formulado por un líder de un instituto político, previo al proceso electoral de 2015, en el sentido de que la Procuraduría General de la República investigue a todos y cada uno de los candidatos que postulará en un proceso electoral federal. En algunos países democráticos se prevé la figura del «vetting» o investigación exhaustiva (familiar, social, económica, política, cultural) de candidatos, pero tal actividad corresponde ejecutarla al partico político que pretende la postulación, que dicho sea de paso, percibe mucho dinero por concepto de financiamiento público, es decir, dinero del erario. Ciertamente, los candidatos deben mostrar un documento de la procuraduría en donde conste que no cuenta con antecedentes penales, pero de ahí a iniciar otro tipo de investigación, hay un mar de diferencia.

Asimismo, resulta absurda la petición formulada por una candidata a la gubernatura del Estado de México y dirigida al Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral, en el sentido de que el órgano administrativo electoral atrajera la elección (2017), toda vez que de lo contrario, se convertiría en una elección de estado. Al menos ese fue el discurso mediático. La norma es clara: la atracción es la atribución del INE de atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los órganos electorales locales, cuando su trascendencia así lo determine o para sentar un criterio de interpretación; su procedencia se condiciona a la petición de al menos cuatro consejeros y aprobación de al menos ocho (artículos 120, numeral 3, y 124, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales).

O el caso de un diputado federal que fue pillado presuntamente por pedir «moche», es decir, condicionar la asignación de recursos federales dirigidos a obra pública, a cambio de que estados o municipios contraten a empresas cuya injerencia del representante popular es evidente; por tanto, se pidió la investigación de la Procuraduría General de la República a efecto de limpiar el nombre del citado diputado.

Las instituciones no fueron creadas para certificar buena conducta o para usarse electoralmente para subir la preferencia comicial; sus recursos son escasos, limitados. A guisa de ejemplo se cita la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) cuyo presupuesto es de cien millones de pesos, menos que el novel Partido Encuentro Social (PES), creado en 2014. germanrodriguez32@hotmail.com