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LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD A SERVIDORES PÚBLICOS 2017

  • VICTOR HUGO PEREZ NIETO

Víctor Hugo Pérez Nieto

Decía Nietzsche que quien lucha con monstruos debe tener mucho cuidado porque puede convertirse en uno de ellos.

El ejemplo se dio la noche del 3 de mayo en Palmarito Puebla, donde en el fragor del enfrentamiento, un soldado presuntamente ejecuta a un sicario (digo presuntamente ya que probablemente el hombre en el suelo ya había fallecido, porque tenía minutos sin moverse, y entonces no se trataría de una ejecución según la medicina forense).

En realidad todo el halo que envolvió al enfrentamiento de Palmarito estuvo sujeto a suspicacias, al igual que Ayotzinapa, Tlatlaya, Apatzingàn o Tanhuato, la diferencia es que está vez si hubo testimonio gráfico que echó abajo la versión de la SEDENA, quién en un primer comunicado argumentó que el enfrentamiento inicial se dio en una toma clandestina, contra sicarios parapetados detrás de mujeres y niños. En el video original se aprecia que a esa hora (08:30), los soldados fueron emboscados en la calle principal de Palmarito, Puebla, donde segundos después un huachicolero disparaba por la espalda a un grupo de militares quienes lo habían sometido y cometieron el error de no desarmarlo. Minutos mas tarde, una camioneta blindada que acechaba a lo lejos se acercó a los soldados quienes dispararon múltiples ráfagas para detener su avance, los ocupantes terminaron por rendirse y fue ahí, donde se dio la supuesta ejecución extrajudicial.

Las opiniones pueden ser encontradas respecto al caso, y es que quien no está en ese escenario no puede juzgar correctamente, de lo cual puede sobrevenir un error de percepción.

La situación no es sencilla:

La dignidad es el fundamento filosófico de los derechos humanos, y las fuerzas castrenses también tienen derecho a la “dignidad” aunque no los proteja la CNDH, pero también es cierto que la vida es el bien supremo y ningún ser humano puede privar a otro de ella, mucho menos cuando está en evidente situación de vulnerabilidad.

La moral del ser humano debe poder reducirse a un solo mandamiento fundamental, nacido de la razón, no de la autoridad divina, a partir del cual se puedan deducir todas las demás obligaciones humanas. Kant definió el concepto de «imperativo categórico» como «cualquier proposición que declara a una acción como necesaria: ¿era entonces necesaria la ejecución del sicario, no por venganza, sino para evitar otra tragedia como la que había ocurrido a sus compañeros cuando le dieron la espalda a un criminal sometido, o fue uso de fuerza innecesario haber disparado a un cadáver o un cuasi muerto y dejar en evidencia a todas las fuerzas armadas? La respuesta correcta pueden ser ambas ¿no lo cree?

En vez de Ley de movilidad interior, lo que se debe reformar es el sistema penal para que una vez en la cárcel, no haya poder humano que saque a los sicario de

ella, sobre todo si tuvieron algún enfrentamiento documentado contra fuerzas de estado.

No nada más los militares, sino todos los servidores públicos estamos en una situación de indefensión ante cualquier queja, lo que deja vulnerable nuestra vida y patrimonio a pesar que nuestra actuación haya sido correcta; hace falta sólo un chisme de lavanderas difundido y sacado de contexto en redes sociales para perderlo todo. Si ganan tantos millones de pesos anuales los ministros de la Suprema Corte de Justicia deberían ponerse a trabajar precisamente en la justicia y así evitar la impunidad y las ejecuciones extrajudiciales derivadas muchas de la frustración al partirse el alma por agarrar malandrines para que un juez los libere.

Eso sí, Ahora con la nueva ley de servidores públicos que entrará en vigor las próximas semanas, la Secretaria de la Función Pública y los órganos de control interno de cada dependencia se van a enseñar bonito contra policías, médicos y maestros para el circo mediático. Más caldo para las albóndigas, y así distraer a la gente de los verdaderos problemas y el severo daño patrimonial que están ocasionando los políticos y funcionarios de alto nivel elegidos al dedazo. De alguna manera tienen que comprobar que sirven para algo estos instrumentos, aunque sea como todo lo que se hace en el país: para maquillar e inflar cifras.

Pero los gobernadores, senadores, diputados, ministros de la SCJN y demás tlatoanis de alto impacto, ídem por el arco del triunfo, aunque el artículo 5° diga que “podrán ser sujetos de juicio político”. ¿Quién le va a poner el cascabel al gato?. Al fin y al cabo siguen siendo los dueños del país y nosotros, los servidores

públicos de pelusa y medio pelo sus esclavos, o si bien nos va, víctimas colaterales de su corrupción y ahora chivos expiatorios cuando está nueva ley ente en vigencia.