Guanajuato, Gto. En mesa de trabajo de la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso local se aprobó que las buscadoras cuenten con atención médica, a través de una tarjeta.
La presidenta de la comisión, Susana Bermúdez Cano, dijo que se busca tener un programa de salud para los involucrados en la búsqueda de personas, debido a que es una de las mayores exigencias que ha externado el gremio.
Explicó que el servicio quedaría a cargo de la Comisión Estatal de Búsqueda, pues son quienes tienen mayor contacto con las buscadoras, además de tener el apoyo y soporte de la secretaría de salud del estado.
“Es una necesidad que se dio en las mesas de trabajo del año pasado, donde escuchando de las iniciativas presentadas y que se hizo esta reforma integral a finales de año a la Ley de Búsqueda, también se habló de la necesidad de dar atención preferencial a los familiares o personas relacionadas con el tema de búsqueda”.
Reconoció como positivo que todos los organismos que se han involucrado en el análisis de dicha iniciativa, que se presentó por el PAN, tengan una opinión favorable y positiva en el tema para que se pueda concretar en un dictamen en sentido positivo.
“Caminamos hacia adelante en esa atención prioritaria y agregarle el tema de física o mental, ya que también efectivamente es necesario que se especifique el tema mental, ya es el primer daño que ocasiona en estos temas o hechos victimizantes”.
2022 el año más difícil para buscadoras de personas desaparecidas
Participaron representantes del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses; de la Coordinación General Jurídica; de la Procuraduría de los Derechos Humanos; de la Comisión Estatal de Víctimas y de la Comisión Estatal de Búsqueda, quienes coincidieron con el objetivo de la iniciativa y realizaron diversos comentarios sobre la redacción de los artículos.
Finalmente, la legisladora dijo que se puede lograr pronto materializar la iniciativa de reforma, priorizar estas atenciones y resolver una de las grandes necesidades de los sectores. Aclaró que tendrá que ser el Poder Ejecutivo quien, en su momento, realice el análisis presupuestal para aplicar esta modificación, en caso de que se apruebe por el Pleno del Congreso.