CELAYA, Gto. (OEM-Informex).- Como “una bocanada de oxígeno al imperio de la justicia y la cordura en los programas sociales y la convivencia nacional”, calificó el diputado panista Juan Carlos Romero Hicks, la concesión de amparos definitivos, que obligan a mantener el presupuesto para las estancias infantiles, en Chihuahua y Querétaro; en tanto, están en proceso: Yucatán, Michoacán, Guanajuato y Veracruz.
Dijo que es un gran paso y envía una señal positiva que puede beneficiar a los más de 329 mil niños, que en todo el país han resultado afectados por el empecinamiento de la autoridad, para eliminar el modelo tradicional de apoyos.
Juan Carlos Romero Hicks
Más allá de las batallas legislativas, que se han librado en el Congreso de la Unión por parte de los partidos de oposición frente a la soberbia de una mayoría intolerante y frente a la imposición de transformaciones absurdas, pareciera que finalmente se impone la razón a través del Poder Judicial que actúa conforme a Derecho.
El Grupo Parlamentario del Acción Nacional ha invocado el amparo de la justicia en busca de las garantías mínimas para poder trabajar frente a la indolencia de las autoridades federales y locales, que ha mantenido paralizado al Poder Legislativo durante dos semanas.
Romero Hicks informó que a finales de la semana que concluyó, se conoció la resolución de distintos jueces concediendo amparos definitivos en favor de los administradores de las estancias infantiles, así como de los padres de familia que las emplean.
En el caso de Chihuahua, los jueces primero y segundo de distrito, en materia penal de Chihuahua, otorgaron amparos definitivos en favor de los demandantes. Las resoluciones son muy claras al obligar a la Secretaría de Bienestar y su delegación estatal de programas para el desarrollo, a entregar el presupuesto correspondiente a enero y febrero con base en los lineamientos de 2018 y rechazar las disposiciones establecidas para 2019.
No sólo eso, sino que apercibe a los funcionarios de todos los niveles a que de no acatar los amparos se harían acreedores a sanciones corporales de hasta nueve años de prisión, así como multas e inhabilitación de laborar en el sector público hasta por nueve años también.
En paralelo, la juez Séptimo de Distrito de Amparo de Querétaro concedió la suspensión para no aplicar la reducción presupuestal de 2019 y la obligación de mantener las disposiciones de 2018. Este es el primero de nueve amparos presentados.
La importancia de estos hechos es que más allá de las deficiencias que pudieran tener las reglas operativas del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas, Niños e Hijos de Madres Trabajadoras, se concedió el beneficio legal por dejar desamparados a los menores y velar por el bienestar de los niños como principales afectados.
