Para Tania Ramírez Hernández, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), el crimen organizado y pobreza vulneran a menores, comentó en exclusiva para OEM Guanajuato, con relación a los homicidios de menores en Guanajuato.
Consideró la promotora de los derechos que hay lenguajes empleados por los grupos del crimen organizado para enviar mensajes, probablemente por disputas por territorio, a través de sus familias, “a veces suelen usar como el papel y la tinta las vidas de niñas, niños y adolescentes”. Esto se agrava por las condiciones estructurales de pobreza y desigualdad, donde los efectos de la violencia en los sectores de menores ingresos, discriminados y más vulnerables, los ponen en una doble desprotección.
⬇️ Dale clic aquí ⬇️
Según Redim e información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) con cifras de Víctimas del Fuero Común, de 2015 a mayo del 2021, de enero a mayo de 2021 se han registrado 105 homicidios de niñas, niños y adolescentes en Guanajuato, de los cuales 23 eran mujeres y 82 hombres; los que representó un decremento de 41.3% con respecto a los 179 homicidios de personas de entre 0 y 17 años registrados de enero a mayo de 2020,
En el documento se indica que en el mismo periodo del 2021 se registraron 56 homicidios por armas de fuego en ese grupo en el estado, de los cuales 10 eran mujeres y 46 eran hombres; esta cifra representó un decremento de 30.9% con respecto a los 81 homicidios con arma de fuego de personas de entre cero y 17 años registrados de enero a mayo de 2020.
“No es de extrañar que en un estado como Guanajuato que está viviendo tan duros efectos armados de la violencia armada, sucedan este tipo de casos”, reconoció.
Dijo que se utiliza a estos grupos para observación conocido como halconeo, otras actividades como transportación de estupefacientes, narcomenudeo, entre otras. Esto lo hacen bajo el amparo de la impunidad, aunque son denunciados, los responsables no son castigados.
“Esta impunidad hace que resulten muy económicos no sólo en la gestión del riesgo, resulta muy fácil usar niñas, niños y adolescentes porque carecemos como sociedad respecto a asumir que ellos son sujetos de derechos”, explicó.
Reclutados y desechados
Compartió que México vive un escenario de posibilidad de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado, donde el desarrollo de un proyecto de vida se ha visto truncado, por la pandemia pérdida de trabajos, la pauperización de las economías, en ocasiones son caldo de cultivo para esto. El 14 de julio se lanzó un Observatorio del Reclutamiento Infantil, por parte de la Secretaría Ciduadana.
Se informó que de acuerdo a los datos oficiales, 21 adolescentes se encontraban privados de la libertad por homicidio en Guanajuato el año de 2019; el 100% eran hombres. Puede además haber una revictimización entre otras cosas por la institucionalización, que puede no ser la mejor opción.
Informó que las dinámicas de estos grupos parten de la deshumanización sobre todo cuando se les integran a las dinámicas criminales, les obligan a la renuncia de su vida y su vínculo con la familia, lo que resulta fácil porque crecen en entornos violentos, de abandono, abuso dentro de sus hogares o comunidades.
“Pero si además de ser usados para los fines del crimen organizado, se piensa que sus vidas son desechables, me parece que estamos viendo los efectos de cómo la pauperización del valor de la vida humana está viendo sus más duros y dolorosos efectos”
Por lo regular son familias en condiciones de pobreza y desigualdad, otras pueden haber tenido alguno de sus miembros en reclusión o que alguno de sus miembros hayan estado involucrados en alguna actividad criminal, y ahora con la pandemia las altas tasas de abandono escolar
“Es brutal pensar que una niña, un niño o un adolescente puede ser usado, que cualquier persona puede ser usada, es inadmisible porque se les debe acompañar, proteger, garantizar sus derechos y no es únicamente una labor de sus familias, hay que recordar que el estado es la autoridad, el nivel de construcción máxima encargado de garantizar derechos. Es importante que se hagan procesos de investigación expeditos con enfoque de derechos de la infancia”, concluyó.
