Guanajuato, segundo lugar en atrocidades

El estado se convierte en la segunda entidad, solo por debajo de Chihuahua

Ana Medina | El Sol del Bajío

  · viernes 21 de julio de 2023

Con las 251 notas periodísticas sobre eventos que pueden catalogarse como atrocidades y las 282 atrocidades, el estado se convierte en la segunda entidad, solo por debajo de Chihuahua que registró 294 y 397. | Foto: Ana Medina | El Sol del Bajío

CELAYA, Gto.- (OEM-Informex).- De enero a junio de 2023 y de acuerdo con el tercer informe del estudio “Galería del horror: Atrocidades y eventos de alto impacto registrados en medios periodísticos”, realizado por la organización “Causa en Común”, en Guanajuato se registraron 251 notas periodísticas sobre eventos que pueden catalogarse como atrocidades, 282 atrocidades y 253 víctimas.

➡️ Suscríbete a nuestra edición digital

Con las 251 notas periodísticas sobre eventos que pueden catalogarse como atrocidades y las 282 atrocidades, el estado se convierte en la segunda entidad, solo por debajo de Chihuahua que registró 294 y 397, respectivamente. En cuanto al número de víctimas, el estado ocupa el quinto lugar al registrar 253 víctimas, solo por debajo de Veracruz que registró al menos 899, Chiapas 704, Chihuahua 404 y Baja California 322.

GUANAJUATO: HALLAZGOS

Entre las 282 atrocidades registradas en Guanajuato se cometieron 72 actos de tortura, 39 actos violentos contra la autoridad, al menos 38 casos de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres, al menos 28 asesinatos de mujeres con crueldad, 27 masacres, 23 fosas clandestinas, 20 asesinatos de niños y adolescentes.

También se registraron 18 asesinatos de funcionarios y actores de relevancia en materia de seguridad, 11 calcinamientos, dos intentos de linchamiento, un asesinato de personas de grupos vulnerables, un acto de terrorismo, una violación agravada, así como una jornada de violencia en entidades.

Te puede interesar ➡ Reconocen a médicos militares por contribución al sistema de salud de Guanajuato

CIFRAS NACIONALES

Por otra parte, la información detalla que, a nivel nacional durante el periodo de enero a junio de 2023, se registraron dos mil 822 notas periodísticas sobre eventos que pueden catalogarse como atrocidades, tres mil285 atrocidades, así como seis mil 460 víctimas.

Los datos señalan que en este periodo se registraron al menos 990 casos de tortura, 310 casos de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres y al menos 226 masacres. En promedio se registraron 18 atrocidades cada día. A comparación de 2021 las atrocidades incrementaron más de 25%, mientras que, a comparación de 2022 tuvieron un aumento del 5%.

PROPUESTAS

Ante estos resultados, la organización Causa en Común destaca que la ciudadanía tiene la responsabilidad de exigir a los gobiernos locales y al federal la resolución de casos que han agraviado a la comunidad con investigaciones sólidas.

Asegura que es indispensable que las aproximaciones sociológicas trasciendan los enfoques policiacos que permitan la comprensión de las realidades locales, ya que asegura que la acumulación de violencias y atrocidades refleja patologías graves que presentan un reto social muy grande.

Puntualiza que a los enfoques policiales y sociológicos se deben sumar enfoques psicológicos, por tal motivo, indica que contrario al desmantelamiento prevaleciente de estructuras y programas del sector salud, se debe fortalecer e incluir, de manera prioritaria, la atención psicológica especializada a escala nacional.

También propone dotar de presupuesto, medios técnicos y humanos a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a la Comisión Nacional de Búsqueda para poder garantizar los servicios esenciales, así como la atención jurídica y económica a las víctimas de atrocidades.

Además, indica que es necesario financiar proyectos que ayuden a documentar, visibilizar y explicar las violencias que se ejercen en el país para generar propuestas que prevengan y atiendan la grave situación de criminalidad que atraviesa el país.

Finalmente, propone que se generen alianzas estratégicas con organizaciones de la sociedad civil, iniciativa privada y gobiernos, con el propósito de colaborar en la construcción de programas y proyectos de seguridad, de prevención y sociales, los cuales respondan a las realidades de cada comunidad y región del país.