CELAYA, Gto. (OEM-Informex).- Entre los grandes riesgos que corren los mexicanos con el padrón de celulares con datos biométricos, no sólo es que se violarán sus derechos humanos, su privacidad y su intimidad, sino que se incrementarán los extorsiones, porque el crimen organizado tiene la capacidad de comprar el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.

El presidente del Colegio de Abogados de Celaya, Víctor Javier García Barajas, hizo un exhorto a los diputados para que se analice a fondo y minuciosamente la iniciativa, aplicando todos los conocimientos técnicos, jurídicos y de derechos humanos, antes de emitir un “sí” a todos los proyectos que buscan hacer un banco nacional de datos personales y biométricos que la gente tendría que dar, porque se pone en peligro su integridad moral, intelectual y hasta física.

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“Se están violando los derechos de los mexicanos. Se está violando el Artículo Primero de la Constitución, el Artículo 16, entre otros, violando en resumen los derechos humanos de intimidad, de honor, de reputación, de vida privada, de libre desarrollo de personalidad, y en general, a la dignidad humana”, enfatizó

Explicó que lo biométrico implica que al adquirir un equipo celular se tenga que dar los datos a la compañía, ya sea a través del iris, de las huellas digitales, y aún peor, el ADN, y todos los datos personales de cada uno de los millones de mexicanos que usan celular para ser parte del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.

“El Instituto Federal de Telecomunicación tendrá que recabar todos esos datos, pero no han vislumbrado lo que implica hacer un análisis detallado de la magnitud para adquirir e instalar el equipo, que tendrá un costo mayor a los 400 millones de pesos, sólo en equipo, sin contar la capacitación a los encargados de las agencias de telefonía móvil”, dijo.

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Añadió que esos 400 millones de pesos o los va a pagar el gobierno federal, o las empresas de telefonía, pero en ambos casos terminará pagando el pueblo mexicano, porque si lo paga la federación serán de los impuestos de los mexicanos, y se lo pagan las telefonías móvil, ellos buscarán la forma de añadir el costo en la venta del aparato, de tal manera que el directamente afectado será el mexicano.

“Esto afecto inclusive a los distribuidores de telefonía celular, que tendrán que cambiar todo un sistema para la lectura del iris, grabar las huellas de los dedos, e incluso para tener recursos para tener laboratorio para tener el ADN”, puntualizó.

Anticipó que no bajará el índice de criminalidad con el padrón, ya que el índice de las extorsiones por medio de los celulares, es muy bajo, en comparación a los diferentes tipos de criminalidad o delitos.

Para concluir, aseveró que no hay una justificación real para decir que con estas medidas bajarán los delitos, y lo que tiene que hacer el gobierno federal es primero establecer un riguroso sistema de seguridad para que dentro de los penales o cárceles del país no existan celulares, por lo que primero se les tendría que retirar los celulares a los extorsionadores que están en la cárcel, y después al crimen organizado que está fuera de las rejas, hechos que resulta imposible hacerlo.