CELAYA, Gto. (OEM-Informex).- Jorge Ramírez Montoya, director Jurídico del Municipio, aseveró que por el momento es imposible que el municipio adeude 50 millones de pesos a ex policías municipales por demandas laborales, jubilaciones, pensiones o caídos en el cumplimiento de su deber, y que ni el presidente municipal, ni la oficial mayor, ni él mismo, están en riesgo de ser destituidos por incumplimiento, ya que todos los casos siguen en curso, cada uno por las instancias legales que ameritan en particular, porque no son iguales.
El funcionario municipal dijo que, sobre las tres demandas que ya perdió el Municipio por las que tienen que pagar dinero: “efectivamente, es posible que haya no tres, sino que haya un poco más de laudos laborales donde pudieron estar resolviendo en contra del municipio, pero no olvidemos que existen medios de defensa que hasta que no estén agotados y que haya causado ejecutoria las resoluciones hasta en tanto estaríamos obligados a cumplir algún requerimiento que nos hiciera alguna de las autoridades judiciales".
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En los que mencionó en particular la abogada defensora de los ex oficiales, “en todos tenemos medios de defensa y estamos convirtiendo, y lo que nos lleva a concluir que aún no existe ninguna situación en estado crítico como se menciona en la nota".
El director jurídico recalcó que así sean 40 o 60 cada caso es particular y no se le da el mismo trato, de pensiones, finiquitos o muerte se tiene que ver cada caso en particular por la cual están demandando.
"En este caso, como encargo de la Dirección Jurídica, tenemos que defender los intereses del Municipio hasta las últimas instancias, porque si no la responsabilidad no sólo caería sobre mi persona sino a los demás abogados de la Dirección, por eso se tiene que tener mucho cuidado y ser muy puntuales en las formas como estamos convirtiendo y defendiendo los intereses del Municipio y ver si lo que están demandando y pidiendo está apegado a la legalidad", dijo Jorge Ramírez Montoya.
Y que tengamos en puerta el riesgo de tener que pagar 50 millones de pesos, en absoluto, mientras no estén agotados los medios de defensa, porque así como a ellos les pudieran dar la razón las autoridades judiciales, también nos pueden conceder la razón a nosotros y esa cantidad que se menciona para nada tendría que cubrirse.
