CELAYA, Gto.- (OEM-Informex).- Organizaciones campesinas, del movimiento “El Campo es de Todos”, solicitarán, como parte de la megamarcha del próximo 8 de agosto, se modifique el artículo 27 de la Constitución, para que se establezca la necesidad de restablecer las respuestas que el campesino mexicano requiere, como parte de la 4T, puntualizó el líder estatal de la Central Campesina Independiente, Jesús Ramírez Solís.
El secretario general de la Central Campesina Cardenista (CCC), indicó que se busca solicitar al ejecutivo federal un compromiso para reformar el Artículo 27 Constitucional, con un texto que reconozca los derechos de la madre tierra, y que le restituya el derecho a acceder a sus recursos y convivir con ella, con el agua, y la biodiversidad de sus territorios, a los pueblos campesinos e indígenas.
Derivado de ello, es necesario que se establezca un nuevo andamiaje institucional del gobierno, para impulsar una nueva generación de derechos y libertades, en la llamada Cuarta Transformación, para que ejidos y comunidades vuelvan a ser productivos y que ello permita lograr el bienestar de las familias y seguir contribuyendo a la autosuficiencia y salud alimentaria, y construir la paz, que el neoliberalismo le arrebató a México
Jesús Ramírez Solís
Puntualizó Ramírez Solís que lo que se busca es un diálogo respetuoso con el ejecutivo federal para expresarle las propuestas y compromisos para el programa sectorial agrario, agropecuario y forestal, para la atención y soluciones a la agenda productiva y agraria.
Conagua, Semarnat y otros, se corrompieron: "El campo es de todos"
Explicó el líder de la CCC en Guanajuato que es necesario que se ponga mucha atención, como lo plantea “El Campo es de Todos”, a las instituciones agrarias que se crearon con la reforma al Artículo 27 Constitucional en las últimas décadas, como la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional, los Tribunales Agrarios, la (Sedatu), la Comisión Nacional del Agua, la Procuraduría de protección del ambiente (Semarnat), que son instituciones que se corrompieron y coludieron su actuación para despojar a ejidos y comunidades de sus territorios, cometiendo prevaricato.
Precisó que este movimiento de “El Campo es de Todos” ha manifestado que muchos funcionarios de estas dependencias, cuya mayoría son los mismos de gobiernos neoliberales, han pasado a defender intereses de desarrolladores inmobiliarios, mineras, industrias, y demás intereses privados nacionales y extranjeros, atropellando derechos de campesinos ejidatarios y comuneros, para construir obras faraónicas, autopistas, aeropuertos, minas, monocultivos concesionados a particulares, desarrollos turísticos, etc.
Expresó que aún al día de hoy, todo esto ha sido llevado a cabo sin el derecho a la consulta, previa, libre e informada como lo estipula el convenio 169 de la OIT, por lo que se está apelando al gobierno federal para que la legislación en materia de consulta a los pueblos, sea con “carácter vinculante”; así como la reforma al Artículo 2 Constitucional para el reconocimiento de las comunidades indígenas y campesinas como sujetos de derecho público, y así, armonizar las leyes nacionales con los tratados internacionales.
