CELAYA, Gto.- (OEM-Informex).- Tras ser aprobada en el Congreso del Estado, y salir en el Diario Oficial, la nueva ley separa el Sistema DIF y la Procuraduría de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el estado de Guanajuato, la cual queda como organismo público descentralizado de la administración pública estatal con personalidad jurídica y patrimonio propios que tendrá como objeto la protección y restitución de los derechos de este grupo altamente vulnerable.
Así lo informó que la diputada local Katya Soto Escamilla, quien amplió que antes de la aprobación de dicha iniciativa, la Procuraduría pertenecía al DIF estatal, y lo mismo sucedía en los municipios, pero además, realizaba acciones como de prevención, Escuelas para Padres, entre otras, que saturaban su labor y el poco personal con que contaba cada procuraduría tanto del estado como en los municipios no permitía una atención concentrada hacía su principal labor que es la protección de los menores.
Ahora, el Sistema DIF tanto del estado como de los municipios, tendrá un enfoque basado en el derecho a la asistencia social, focalizado desde una perspectiva de familia; y no intervendrá en la acciones de la autónoma Procuraduría.
Se establece que la Procuraduría, para el ejercicio de sus atribuciones, contará con un Cuerpo Especializado de Seguridad con la finalidad de prevenir e investigar las afectaciones a derechos de niños, niñas y adolescentesKatya Soto Escamilla
Contextualizó que los elementos del Cuerpo Especializado deberán contar con especialización para el tratamiento de hechos relacionados con niños, niñas y adolescentes.
Reiteró que se establece que la coordinación operativa del Sistema Estatal de Protección recaerá en una Secretaría Ejecutiva, que será un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobierno.
La Procuraduría de Protección tendrá las atribuciones siguientes: Procurar la protección integral de niñas, niños y adolescentes, y la protección integral deberá abarcar, por lo menos: atención médica y psicológica.
También, denunciar ante el Ministerio Público aquellos hechos que se presuman constitutivos de delito en contra de niñas, niños y adolescentes; solicitar al Ministerio Público la imposición de medidas urgentes de protección especial contenidas en la Ley General y el Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando exista un riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad de niñas, niños y adolescentes.
La Procuraduría de Protección podrá ordenar fundada y motivadamente, bajo su más estricta responsabilidad, la imposición de medidas urgentes de protección cuando las condiciones climatológicas, de medios de comunicación, de vías de comunicación o cualquier otra, impida realizar la solicitud al Ministerio Público, requiriendo, en su caso, el auxilio de las instituciones policiales competentes, quedando obligada a dar aviso al Ministerio Público de manera inmediata.
Katya Soto Escamilla
De igual forma, puede promover la participación de los sectores público, social y privado en la planificación y ejecución de acciones en favor de la atención, defensa y protección de niñas, niños y adolescentes.
Asimismo, asesorar a las autoridades competentes para la aplicación de la presente Ley y a los sectores público, social y privado sobre el cumplimiento del marco normativo relativo a la protección de niñas, niños y adolescentes.
