CELAYA, Gto. (OEM-Informex).- La Oficial Mayor, Erika Samantha Cruz Soria, informó que son 16 postulantes para aplicar el examen para Jueces Cívicos, 14 para secretarios y 19 para defensores de oficio, esto es parte de la Justicia Cívica que tiene que entrar en vigor a finales de junio. Además ya se está integrada la Comisión de Selección.
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La Comisión de Selección estará conformada por la propia Oficial Mayor, el director Jurídico, el Secretario del Ayuntamiento, el Secretario de Seguridad Ciudadana, el regidor presidente de la Comisión de Recursos Humanos, todos tienen que ser acompañados por un asesor en la materia.
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Cruz Soria resaltó que hoy terminan de aplicar los exámenes para en días posteriores comenzar con el análisis y presentación de los resultados. Una vez que la comisión tenga los resultados pasará a la selección para la asignación de cada uno de los puestos.
El organigrama para el Sistema de Justicia Cívica arrancará solo con dos juzgados cívicos y queda de la siguiente manera: director de jueces cívicos, cuatro jueces cívicos, cuatro secretarios, cuatro auxiliares, tres defensores de oficio y tres médicos.
La Justicia Cívica es un sistema fundamental para la implementación del Modelo Nacional de Policía, que permite atender de manera rápida y ágil los conflictos entre ciudadanos derivados de la convivencia cotidiana, evita que éstos escalen y facilita su resolución pacífica.
Este sistema funge como política pública de prevención del delito, pues evita que los conflictos deriven en conductas violentas o delictivas, fomentando la cultura de la paz. Asimismo, procura que las faltas administrativas y conductas antisociales tengan sanciones a favor de la comunidad para que el infractor reconozca el daño social que causa y lo restituya. Además, permite atender e identificar a la población en riesgo y monitorear su reincidencia.
Ante la Justicia Cívica pueden llegar las personas mayores de 18 años que cometan actos y omisiones que atenten contra la tranquilidad, dignidad y seguridad de la ciudadanía afectando el libre tránsito, el medio ambiente, así como el buen funcionamiento de servicios públicos, entre otros. Las sanciones van desde una amonestación, multa, trabajo comunitario o arresto.
