CELAYA, Gto.- (OEM-Informex).- De cinco años a la fecha, hay 120 juicios de ex personal administrativo que demanda su jubilación, pensión o por despido injustificado; además de los 60 policías que también han presentado demandas en la Dirección Jurídica del municipio.
Así lo dio a conocer el jurídico Jorge Ramírez Montoya, quien comentó que, tratándose de empleados administrativos, la gran mayoría de las demandas son por despidos injustificados.
“De estas 120 denuncias de administrativos son de cinco años a la fecha, y en esta administración sólo hay uno o dos casos; y de policías dos o tres, en esta administración”, expuso.
Agregó que, en el caso de los policías, en donde también están los elementos de tránsito, cada juicio tiene su particularidad, algunos demandan pensión, otros despidos injustificados.
A la pregunta de si son 50 millones de pesos lo que se les tendría que estar pagando a los uniformados, explicó que, para llegar a una cuantificación, se tendría que esperar que cada juicio se fuera resolviendo.
“Por tratarse de trabajadores de seguridad, hay una regulación especial. No es una cuestión que tenga que ver el municipio, sino que es una cuestión que viene desde la Constitución que les da esa distinción por su actividad, y les regula de manera especial sus prestaciones. Es una cuestión que no tiene que ver con el municipio, sino que viene de carácter constitucional”, explicó.
Afirmó que sí están reconocidos como empleados municipales, pero bajo otras condiciones y características. Tienen derecho de jubilación y pensión, pero bajo el esquema que determinan las propias leyes que les aplican, las cuales vienen estipuladas desde la propia Constitución de la República.
“Lo único que estamos haciendo, es valer esa disposición constitucional. Y para que sean reconocidos desde el municipio, se tendría que modificar la Constitución y venir hacia abajo con todas las leyes de manera vertical, hasta llegar a la reglamentación municipal, pero no está en nuestras manos modificar la Constitución”, contextualizó.
Sobre el comentario de los policías que han demandado, en sentido de que se sienten desprotegidos por el municipio, Ramírez Montoya manifestó que es muy complicada la interpretación, porque el municipio respeta lo que está dispuesto en las leyes, y simple y sencillamente se apegan a la Constitución.
“Seríamos irresponsables y observados si a todos les diéramos ese tratamiento, fuera de su reglamentación especial que ellos tienen. Desde la Constitución viene esa distinción”, concluyó.
EL ARTÍCULO 123
El artículo 123 apartado B Fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere que “I. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes”.
En ese contexto, la Carta Magna refiere que estos funcionarios públicos tienen la posibilidad de ser separados de sus empleos “si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones”.
Por tanto, sucesos como problemas de disciplina menores o no ser aprobados en los controles de confianza pueden acabar con la trayectoria profesional de diplomáticos, agentes del Ministerio Público, policías, militares y marinos que tienen años de servir a su país, que se le ha invertido en capacitación o entrenamiento y cuya ausencia puede afectar el bienestar de miles de mexicanos.
En el caso de una pérdida de empleo, estos servidores públicos únicamente pueden acceder al pago de indemnizaciones y prestaciones establecidas por la ley. Sin embargo, no pueden reincorporarse al servicio.
