/ miércoles 22 de agosto de 2018

México compensará a 48 ciudadanos ecuatorianos del caso San Fernando

Se prevé que el canciller de Ecuador se reúna con el comisionado ejecutivo de Atención a Víctimas de México

México compensará económicamente a 48 ecuatorianos que fueron víctimas de la masacre de San Fernando, Tamaulipas, en 2010, donde una organización criminal ejecutó a 72 personas, en su mayoría migrantes provenientes de Centro y Suramérica.

Se prevé que el canciller de Ecuador, José Valencia, se reúna con el comisionado ejecutivo de Atención a Víctimas de México, Sergio Rochín, y que posteriormente se haga la entrega de la compensación a las víctimas ecuatorianas.

Según las investigaciones, las 72 personas (58 hombres y 14 mujeres) fueron asesinadas porque luego de ser secuestradas, no se pagó el dinero que se exigía para dejarles en libertad.

En 2017 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que la masacre de los 72 migrantes debía ser calificada como una “grave violación de derechos humanos".

Según la Cancillería ecuatoriana, desde 2013 ha gestionado con instituciones mexicana, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México y la Gobernación del Estado de Tamaulipas, entre otras, para acelerar el trámite.

México compensará económicamente a 48 ecuatorianos que fueron víctimas de la masacre de San Fernando, Tamaulipas, en 2010, donde una organización criminal ejecutó a 72 personas, en su mayoría migrantes provenientes de Centro y Suramérica.

Se prevé que el canciller de Ecuador, José Valencia, se reúna con el comisionado ejecutivo de Atención a Víctimas de México, Sergio Rochín, y que posteriormente se haga la entrega de la compensación a las víctimas ecuatorianas.

Según las investigaciones, las 72 personas (58 hombres y 14 mujeres) fueron asesinadas porque luego de ser secuestradas, no se pagó el dinero que se exigía para dejarles en libertad.

En 2017 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que la masacre de los 72 migrantes debía ser calificada como una “grave violación de derechos humanos".

Según la Cancillería ecuatoriana, desde 2013 ha gestionado con instituciones mexicana, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México y la Gobernación del Estado de Tamaulipas, entre otras, para acelerar el trámite.

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