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Suman apenas 37 salas de justicia penal del sistema acusatorio

  • Redacción El Sol de México
  • en México

Uno de los mayores retos para 2017 del Poder Judicial de la
Federación es la consolidación del nuevo sistema penal
acusatorio, tanto para jueces, magistrados y todo el personal
involucrado; su implementación en una primera etapa, comprometió
instalar y poner en funcionamiento al menos una sala de justicia de
este novedoso sistema en cada una de las entidades de la República
Mexicana.

Tras entrar en vigor el nuevo sistema en todo el país el pasado
17 de junio, a la fecha, están instaladas y funcionando 37 salas
de justicia penal del sistema acusatorio; “pero necesitamos más
para satisfacer con plenitud y eficacia los requerimientos de
justicia, porque el número de asuntos en esta materia es
creciente, baste decirles que en el breve periodo de su plena
implementación en junio pasado y hasta ahora, ya tenemos casi 15
mil 10 asuntos en este nuevo sistema”, indicó en su reciente
Informe Anual de Labores 2016 el ministro presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la
Judicatura Federal (CJF), Luis María Aguilar Morales.

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De éstos, detalló, una buena parte se tramita en los centros
de Guanajuato con casi mil 300 y Puebla con prácticamente 600,
ello debido a los delitos relacionados con robo de hidrocarburos en
esa zona, aunque en el Estado de México también está creciendo
el número de causas penales federales que llegan ya a 590 asuntos,
seguidos, por su cantidad, Chihuahua, Sinaloa y Michoacán. Sólo 6
por ciento han acabado en juicio propiamente dicho, o sea sólo
unos 90 asuntos de los 15 mil, lo que demuestra las bondades de los
medios alternos como son los acuerdos reparatorios (0.2 por
ciento), la suspensión condicional del proceso (19.4) y el
procedimiento abreviado (18.2), refiere el Informe Anual de Labores
2016.

“En el Consejo de la Judicatura Federal estamos avanzando y
cumpliendo con nuestras responsabilidades constitucionales en este
nuevo sistema penal. Aún falta, tendremos que consolidar el
sistema con más centros y más jueces especializados”, indicó
Aguilar Morales.

De los cuales, por cierto, “hemos adscrito ya a 95 juzgadores
previamente seleccionados en rigurosos exámenes de oposición.
Para ello, estamos construyendo instalaciones dignas del Poder
Judicial de la Federación, para recibir a los justiciables, en
muchas ciudades del país con el apoyo de las autoridades locales,
especialmente en las Islas Marías.

PARTE DEL ENGRANAJE

El presidente del CJF admite que el nuevo sistema penal es sólo
una relativamente pequeña parte del sistema de Justicia Federal;
los demás órganos jurisdiccionales requieren también nuevos
juzgadores preparados y capacitados.

Por ello se han realizado varios concursos de oposición y el
año que termina han resultado electos 23 por sus méritos, unos
325 jueces y unos 132 magistrados de circuito.

“Esto demuestra nuestra voluntad de enfrentar los retos de la
creciente demanda de justicia federal, protectora de los derechos
humanos, mediante acciones concretas. En el Poder Judicial de la
Federación desde hace más de veinte años, la selección de
juzgadores se realiza mediante concursos de oposición, en tres
etapas en las que la imparcialidad de los jurados calificados,
conforme a la ley, es innegable”, subrayó Aguilar Morales.

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Se cuida que en las primeras etapas, incluso la identidad de los
participantes no se conozca para que ello no influya en el ánimo
de quienes califican, indicó.

La selección final se realiza atendiendo a parámetros
objetivos en los que no puede haber injerencia ajena, desterrando
el dedazo en la designación de juzgadores. En este sentido el
Poder Judicial de la Federación no sólo es líder en ese sistema,
sino que tiene ya una tradición estructurada con muchos años de
experiencia.

Ahora bien, para el ministro presidente Luis María Aguilar
Morales el sistema penal no depende únicamente de los jueces y no
podríamos hacerlo sin la participación de todas las partes que la
ley señala como partícipes del sistema; “también hemos
realizado seminarios de capacitación en criterios jurisdiccionales
para los elementos de las Fuerzas Armadas, tanto de la Secretaría
de la Defensa Nacional como de la Secretaría de Marina, que
inauguramos los Secretarios Titulares y su servidor y se llevan a
cabo en toda la República”, recordó.

“Agradezco de sobremanera el interés de dichos titulares para
lograr que las cosas no sólo se hagan con más eficiencia, sino
que se hagan mejor, con apego a la ley, para que entre todos
logremos un combate a la delincuencia real, completo, satisfactorio
y con respeto a los derechos humanos de todos, de los acusados al
igual que de las víctimas y los ofendidos y de toda la
sociedad”.

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El sistema penal es eso precisamente, un sistema, no es solo
labor o responsabilidad de los jueces, es una tarea en la que
participan actores diversos. La Constitución, que es la voz
escrita del pueblo, señala que para que el sistema funcione
adecuadamente, las autoridades encargadas de la investigación de
los delitos, la fuerza pública responsable de la persecución y
aprehensión de los probables delincuentes, los mandos, los
elementos operativos, los agentes del Ministerio Público que los
conducen, los jueces de control que los autorizan, los peritos, los
abogados defensores, incluso los testigos y las víctimas, todos
como partes integrantes de ese gran sistema somos responsables de
hacer bien la tarea, correctamente, lo que significa que hay que
cumplir con la ley y respetar, sin excepción y sin excusas, los
derechos fundamentales de toda persona.

“En este sistema los jueces federales no sólo debemos cumplir
con nuestros deberes, sino exigir y vigilar que toda autoridad lo
haga. Solo como ejemplo, recordemos lo que exige la Norma Suprema
en su artículo 20 como derechos de toda persona acusada de un
delito: "… Desde el momento de su detención se le harán saber
los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no
podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será
sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o
tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor
carecerá de todo valor probatorio”.

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