/ lunes 15 de junio de 2020

El fantasma de la expropiación acecha de nuevo en Argentina

El presidente defiende el “rescate” del gigante agroexportador Vicentín; “mañana irán por nuestra casa”, afirman algunos

BUENOS AIRES. La decisión del gobierno argentino de expropiar Vicentín, una de las grandes empresas agroexportadoras del país, revive temores entre empresarios e inversionistas, justo cuando el Ejecutivo de Alberto Fernández intenta reestructurar 66 mil millones de deuda con acreedores del exterior.

Cuarto mayor vendedor de cereales y aceites de Argentina, con un volumen anual de negocios de unos 3 mil millones de dólares, la casi centenaria Vicentín está en bancarrota y se declaró en cese de pagos y convocatoria de acreedores.

Su deuda asciende a unos mil 300 millones de dólares. Tiene 2 mil 638 acreedores, muchos de ellos productores. El mayor acreedor es el estatal Banco Nación, con una deuda de unos 255 millones de dólares por créditos que están bajo investigación judicial.

Fernández sorprendió la semana pasada al anunciar su decisión de intervenir la firma y enviar al Parlamento un proyecto de ley para expropiarla y que sus activos conformen un fondo fiduciario administrado por YPF Agro, la división de negocios agropecuarios de YPF, la mayor productora de hidrocarburos del país.

Y el pasado jueves el gobierno concretó la intervención con el ingreso a la planta localizada en la provincia de Santa Fe (centro-este) del subinterventor designado por el gobierno Luciano Zarich.

El mandatario de centro-izquierda asegura que se trata de rescatar a una compañía con más de 2 mil empleados y 2 mil 600 productores “varados”. Su idea es convertirla en una empresa mixta, con 51% de capital estatal y 49% privado, así como evitar que sea adquirida por alguna compañía extranjera.

Para el analista político Carlos Fara, la decisión de expropiar “dispara todo tipo de sospechas ideológicas y también del punto de vista de la transparencia”.

Gustavo Sutter, de las Confederaciones Rurales Argentinas, opinó que “esto hace perder seguridad en las inversiones” con “la bandera del bien común”.

Hubo protestas contra la expropiación en Santa Fe, la provincia donde está asentada la agroexportadora, y un cacerolazo se oyó fuerte en barrios acomodados de Buenos Aires, convocado bajo la consigna “hoy van por una empresa, mañana por nuestra casa”.


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BUENOS AIRES. La decisión del gobierno argentino de expropiar Vicentín, una de las grandes empresas agroexportadoras del país, revive temores entre empresarios e inversionistas, justo cuando el Ejecutivo de Alberto Fernández intenta reestructurar 66 mil millones de deuda con acreedores del exterior.

Cuarto mayor vendedor de cereales y aceites de Argentina, con un volumen anual de negocios de unos 3 mil millones de dólares, la casi centenaria Vicentín está en bancarrota y se declaró en cese de pagos y convocatoria de acreedores.

Su deuda asciende a unos mil 300 millones de dólares. Tiene 2 mil 638 acreedores, muchos de ellos productores. El mayor acreedor es el estatal Banco Nación, con una deuda de unos 255 millones de dólares por créditos que están bajo investigación judicial.

Fernández sorprendió la semana pasada al anunciar su decisión de intervenir la firma y enviar al Parlamento un proyecto de ley para expropiarla y que sus activos conformen un fondo fiduciario administrado por YPF Agro, la división de negocios agropecuarios de YPF, la mayor productora de hidrocarburos del país.

Y el pasado jueves el gobierno concretó la intervención con el ingreso a la planta localizada en la provincia de Santa Fe (centro-este) del subinterventor designado por el gobierno Luciano Zarich.

El mandatario de centro-izquierda asegura que se trata de rescatar a una compañía con más de 2 mil empleados y 2 mil 600 productores “varados”. Su idea es convertirla en una empresa mixta, con 51% de capital estatal y 49% privado, así como evitar que sea adquirida por alguna compañía extranjera.

Para el analista político Carlos Fara, la decisión de expropiar “dispara todo tipo de sospechas ideológicas y también del punto de vista de la transparencia”.

Gustavo Sutter, de las Confederaciones Rurales Argentinas, opinó que “esto hace perder seguridad en las inversiones” con “la bandera del bien común”.

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