GUANAJUATO, Gto. (OEM-Informex).- La Fiscalía General del Estado explicó que este organismo no tuvo la culpa de la liberación de los 5 detenidos vinculados a “El Marro” porque fueron otros -sin precisar quiénes- los que violaron los derechos de estas personas y que por dicha violación los dejaron libres.
El domingo, una juez puso en libertad a la madre de José Antonio Yépez, María Eva, su prima Rosalba y Juana Erika, estas dos quienes han sido señaladas por la Fiscalía del Estado como presuntas operadoras financieras de “El Marro”, además de dos personas más.
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Todos habían sido detenidos durante un operativo realizado el 20 de junio en la comunidad San Isidro de Elguera, en Celaya y fueron acusados por presunta posesión de drogas con fines de venta.
Ayer, en un comunicado de prensa, para deslindar su responsabilidad en dicha liberación, la Fiscalía General del Estado reveló que las 18:31 horas de ese día, “se ingresó al Poder Judicial la solicitud de cateo a celebrar en la comunidad mencionada y se concedió a las 20 horas con 31 minutos, por lo que una vez obtenido el mandato judicial, se intervino”.
Como resultado de la concesión del cateo, se logró la detención de Ma. Eva “N”, Juana Erika “N”, Rosalba “N”, Marlene “N” y Jesús Emmanuel “N”, por la probabilidad de haber incurrido en delitos contra la salud; causa por la cual se dio inicio a la carpeta de investigación que se ameritaba.
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“El día 28 de junio de 2020 la Juez del Partido Judicial de Guanajuato quien conoció del asunto, ante la negativa del Ministerio Público Federal para atraerlo, dictó auto de no vinculación a proceso a favor de los detenidos porque “…lamentablemente, aproximadamente a las 4 de la tarde afectaron el derecho fundamental de inviolabilidad del domicilio sin orden judicial, probablemente por autoridades que hasta el día de hoy se desconoce que personas fueron las que ingresaron a sus domicilios…”, precisó la Fiscalía en su comunicado.
Insiste en que Federación tuvo la culpa
Agrega que a través de los Agentes de Investigación Criminal (AIC) se tuvo una intervención, a petición de la autoridad FEDERAL en materia de seguridad; quienes realizaron una operatividad en la mencionada comunidad y tenían información sobre operaciones de miembros de un cártel del crimen organizado.
