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Los tres niveles de gobierno, la iniciativa privada y el trabajador, deberán definirse entre la disyuntiva de asumir el compromiso del uso de las nuevas tecnologías.
El "Acuerdo San Miguel" entrará en vigor a partir de enero de 2019, en temas de: seguridad, turismo, infraestructura, movilidad humana, inversión, producción, logística, exportaciones, desarrollo social y empleo.