/ domingo 5 de septiembre de 2021

El Desafío

DESDE LA PROMOCIÓN de la “Mentefactura” y los golpes de pureza de un buen sector de burócratas y militantes del partido en el gobierno, los asuntos de corrupción y delitos cometidos en Guanajuato, brinca cada día en Guanajuato, con reuniones o sin ellas, de “grandes empresarios” europeos, o patrocinadores de campañas políticas como UBER y DIDI -evasores de impuestos y dictando órdenes a sus patrocinados, o la “Mentafactura” en la generación de homicidios, en la entidad más violenta del país.

JORGE ROMERO VÁZQUEZ fue vinculado a proceso por su presunta participación en el delito de violación, en agravio a una joven que aparentemente colaboraba en su equipo de campaña durante el reciente proceso electoral. El juez dictaminó dos meses para el cierre de la investigación complementaria. En este tiempo, el diputado federal electo del PAN permanecerá en prisión preventiva, pues se le imputó por el delito de violación espuria hecho por el que no tomó protesta como legislador federal panista. Imagine, fue director del Instituto de la Juventud.

EL QUE UNA víctima haya denunciado a un diputado electo representa un avance para reducir la impunidad en los delitos de violencia de género, y otros, sin duda sobre todo en este tipo de delitos donde los agresores e involucrados pueden ser servidores públicos, o gente con mayor poder político o económico, pues el diputado se formó políticamente dentro de las filas del PAN en Guanajuato.

AL NO TOMAR protesta como diputado federal, aparentemente genera que el PAN se ahorre un escándalo político mayor y que se sancione al militante como corresponde por ley; el tema lo han tocado con “pincitas”, por todos los medios, oficiales y los de a modo, para no permitir escándalo con “otro” que hizo carrera en las filas del blanquiazul estatal.

EN GUANAJUATO Y en México, seguimos pensando que, al tratarse de un militante de un partido, sobre todo del que gobierna, no le harán nada, así estábamos acostumbrados, sin duda, ese partido y las autoridades no aplicarían la Ley, en algunos casos, hasta fiesta por “la deshonra” de la víctima. La denuncia, valiente de la víctima en este caso, abre puertas de que sea quien sea, la Ley se aplica, que hay que empujar, empujemos todos.

LE RECUERDO OTRO caso tratado en este espacio hace unas semanas, el del panista Jorge Fernando Valencia Gallo, ex director de Transporte del Estado, vinculado a proceso por el presunto delito de cohecho. Se le acusa de haber solicitado dos millones 200 mil pesos para otorgar permisos para taxis, tipo Ejecutivo, UBER o DIDI, así como los conocidos Verdes. Con claras sospechas del anterior secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, de un tal Charly, cercano al gobernador, y un diputado local, presidente de la Comisión de Transporte.

NO CREA QUE el acusado corrupto era cualquier pájaro nalgón e hizo carrera en el CDE del PAN. Jorge Fernando Valencia Gallo, licenciado en Derecho por la Universidad de León, se desempeñó en la Secretaría de Gobierno, en distintos cargos. Se incorporó en 2011- 2015 al CDE del PAN, cuando Gerardo Trujillo era presidente de ese instituto, luego brincó a la Dirección General de Defensoría Pública del gobierno del Estado. Lo designaron el representante del PAN ante el IEEG, en la campaña del 2018, para después “premiarlo” con la Dirección de Transporte de abril del 2019 a marzo del 2020, donde se dedicó, a la venta de esos permisos, para el servicio Ejecutivo, UBER, DIDI y Taxis verdes.

FINALMENTE, UNA HERENCIA de Elvira para Javier Mendoza entre otras muchas: mil 23 empleados de la administración municipal que trabajan bajo contrato por “tiempo determinado” y recaerá en el próximo gobierno extenderles su contrato o finiquitarlos. Estos funcionarios renuevan sus contratos cada tres y seis meses.

EL ÚLTIMO CONTRATO termina el 30 de octubre, es decir, a tres semanas la nueva administración, tiempo suficiente para que valoren quién puede continuar y a quien no se le renueva el contrato, porque en la herencia de Elvira, no existe una suficiencia presupuestal para cubrir el finiquito de estos mil 23 funcionarios. Para ejercicio fiscal que corre, se etiquetaron 15 millones de pesos para finiquitos, de los cuales ya se utilizaron cinco millones de pesos y sin restar la liquidación de 16 directores de dependencias y los 15 miembros del Ayuntamiento. xermanv@gmail.com

DESDE LA PROMOCIÓN de la “Mentefactura” y los golpes de pureza de un buen sector de burócratas y militantes del partido en el gobierno, los asuntos de corrupción y delitos cometidos en Guanajuato, brinca cada día en Guanajuato, con reuniones o sin ellas, de “grandes empresarios” europeos, o patrocinadores de campañas políticas como UBER y DIDI -evasores de impuestos y dictando órdenes a sus patrocinados, o la “Mentafactura” en la generación de homicidios, en la entidad más violenta del país.

JORGE ROMERO VÁZQUEZ fue vinculado a proceso por su presunta participación en el delito de violación, en agravio a una joven que aparentemente colaboraba en su equipo de campaña durante el reciente proceso electoral. El juez dictaminó dos meses para el cierre de la investigación complementaria. En este tiempo, el diputado federal electo del PAN permanecerá en prisión preventiva, pues se le imputó por el delito de violación espuria hecho por el que no tomó protesta como legislador federal panista. Imagine, fue director del Instituto de la Juventud.

EL QUE UNA víctima haya denunciado a un diputado electo representa un avance para reducir la impunidad en los delitos de violencia de género, y otros, sin duda sobre todo en este tipo de delitos donde los agresores e involucrados pueden ser servidores públicos, o gente con mayor poder político o económico, pues el diputado se formó políticamente dentro de las filas del PAN en Guanajuato.

AL NO TOMAR protesta como diputado federal, aparentemente genera que el PAN se ahorre un escándalo político mayor y que se sancione al militante como corresponde por ley; el tema lo han tocado con “pincitas”, por todos los medios, oficiales y los de a modo, para no permitir escándalo con “otro” que hizo carrera en las filas del blanquiazul estatal.

EN GUANAJUATO Y en México, seguimos pensando que, al tratarse de un militante de un partido, sobre todo del que gobierna, no le harán nada, así estábamos acostumbrados, sin duda, ese partido y las autoridades no aplicarían la Ley, en algunos casos, hasta fiesta por “la deshonra” de la víctima. La denuncia, valiente de la víctima en este caso, abre puertas de que sea quien sea, la Ley se aplica, que hay que empujar, empujemos todos.

LE RECUERDO OTRO caso tratado en este espacio hace unas semanas, el del panista Jorge Fernando Valencia Gallo, ex director de Transporte del Estado, vinculado a proceso por el presunto delito de cohecho. Se le acusa de haber solicitado dos millones 200 mil pesos para otorgar permisos para taxis, tipo Ejecutivo, UBER o DIDI, así como los conocidos Verdes. Con claras sospechas del anterior secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, de un tal Charly, cercano al gobernador, y un diputado local, presidente de la Comisión de Transporte.

NO CREA QUE el acusado corrupto era cualquier pájaro nalgón e hizo carrera en el CDE del PAN. Jorge Fernando Valencia Gallo, licenciado en Derecho por la Universidad de León, se desempeñó en la Secretaría de Gobierno, en distintos cargos. Se incorporó en 2011- 2015 al CDE del PAN, cuando Gerardo Trujillo era presidente de ese instituto, luego brincó a la Dirección General de Defensoría Pública del gobierno del Estado. Lo designaron el representante del PAN ante el IEEG, en la campaña del 2018, para después “premiarlo” con la Dirección de Transporte de abril del 2019 a marzo del 2020, donde se dedicó, a la venta de esos permisos, para el servicio Ejecutivo, UBER, DIDI y Taxis verdes.

FINALMENTE, UNA HERENCIA de Elvira para Javier Mendoza entre otras muchas: mil 23 empleados de la administración municipal que trabajan bajo contrato por “tiempo determinado” y recaerá en el próximo gobierno extenderles su contrato o finiquitarlos. Estos funcionarios renuevan sus contratos cada tres y seis meses.

EL ÚLTIMO CONTRATO termina el 30 de octubre, es decir, a tres semanas la nueva administración, tiempo suficiente para que valoren quién puede continuar y a quien no se le renueva el contrato, porque en la herencia de Elvira, no existe una suficiencia presupuestal para cubrir el finiquito de estos mil 23 funcionarios. Para ejercicio fiscal que corre, se etiquetaron 15 millones de pesos para finiquitos, de los cuales ya se utilizaron cinco millones de pesos y sin restar la liquidación de 16 directores de dependencias y los 15 miembros del Ayuntamiento. xermanv@gmail.com

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